La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una querella de capítulos en contra de Juan Antonio Poblete, el exministro del tribunal de alzada capitalino imputado por delitos reiterados de falsificación de instrumento público contemplado e interceptación ilegal de comunicaciones.

En la sentencia, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago -integrada por los ministros Fernando Carreño, Juan Cristóbal Mera y el abogado (i) Nicolás Sttichkin- consideró que se cumplen con los requisitos “de seriedad, gravedad, y plausibilidad suficiente” para hacer valer la responsabilidad del magistrado.

Poblete es acusado de espionaje a denunciantes del fraude en el Ejército, en medio de la denominada Operación Topógrafo.

Según la indagatoria, durante el año 2016 y hasta principio de 2018, ordenó a compañías telefónicas “la interceptación, monitoreo y registro, en varios actos a través del tiempo, de comunicaciones telefónicas, bajo el pretexto de que se cumplían los requisitos legales para hacerlo, no obstante que la magistratura sabía que, en realidad, las comunicaciones interceptadas, monitoreadas y registradas, lo eran respecto de terceros y con fines ajenos a la ley”.

“En concreto, las referidas autorizaciones que dio el capitulado permitieron a la autoridad administrativa obtener las interceptaciones de las comunicaciones, en los casos descritos en la querella de capítulos, así como las prórrogas y posterior término de ellas, sin que hasta la fecha hayan sido encontrados los soportes materiales de las resoluciones que sirvieron de antecedente a los oficios emitidos”, dice el fallo.

La resolución agrega que “de los antecedentes existentes en la investigación y acompañados en la querella de capítulos, surgen evidencias serias, graves, importantes y plausibles, que determinan que hay mérito suficiente para admitirla”.

La ocurrencia de los eventuales delitos debe determinarse en el juicio respectivo.

La defensa de Poblete, en la audiencia, solicitó el rechazo de la querella de capítulos, alegando que los hechos descritos en la misma estarían prescritos.

La defensa no cuestionó la intervención del capitulado en la confección de los oficios que en concreto ordenaron las injerencias en los derechos fundamentales de las víctimas, pues, hicieron realidad la interceptación y grabación de diversas señales de telefonía móvil de servicios públicos de telecomunicaciones y que configuran los ilícitos imputados en la investigación.

El 14 de enero el Ministerio Público cerró la investigación, estimando que procedía formular acusación contra la autoridad judicial y por lo tanto remitir los antecedentes al tribunal de alzada.