Corte designa a ministro Jorge Zepeda para la tramitación de la “medida prejudicial” presentada por el general Yáñez para suspender formalización

La tarde este jueves la Corte de Apelaciones de Santiago designó al ministro de fuero que revisará una de las últimas acciones judiciales presentadas por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Arremetida en diferentes sedes del Poder Judicial con la que el máximo cargo de la institución busca frenar la causa que se sigue en su contra por su presunta responsabilidad de mando en la violación a los derechos humanos durante el estallido social.

El tribunal de alzada decidió designar al ministro Jorge Zepeda como el encargado de revisar los antecedentes de la última acción del general director de la policía uniformada, que corresponde a una “medida prejudicial precautoria” de competencia civil, que busca -según la facultad de este requerimiento- que el demandante pueda tener la seguridad de obtener el resultado que espera. En un documento de 23 páginas, Yáñez solicita que se suspenda la causa en su contra, y por derivada, su formalización.

La resolución de la Corte emitida durante la tarde de este jueves sostiene que tras la presentación de la acción “medida prejudicial precautoria”, se determinó que “sin pronunciarse sobre la competencia, con el mérito de la constancia que precede”, que los antecedentes de este serán revisados por el ministro Jorge Zepeda.

La medida de carácter civil, ingresada durante las últimas horas por el general, se une a las otras instancias a las que ha recurrido. El más reciente es el recurso de amparo el cual este jueves la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible. Junto con eso, ha tomado otras medidas judiciales, recurriendo incluso al Tribunal Constitucional (TC) y solicitando la remoción de los fiscales Xavier Almendariz y Ximena Chong, quienes llevan la investigación en su contra.

El recurso más reciente ingresado por el general director de Carabineros, con el cual pide que se suspenda su formalización y toda acción en esa causa, el abogado Jorge Martínez sostiene que es “por haber actuado el Ministerio Público fuera de sus competencias constitucionales y legales al irrogarse facultades legislativas y jurisdiccionales en su actuación, lo que constituye fundamento para presentar una demanda de nulidad de derecho público en su contra, que es la demanda que se deducirá de forma posterior a esta medida prejudicial; según se explica en detalle a continuación”.

Ya en la argumentación, el requerimiento civil ingresado por el abogado Martínez sostiene que la Fiscalía “nunca ha explicado ni detallado cuáles son los cargos claros, precisos y determinados por los cuales está investigando a mi representado; cuestión que cobra especial relevancia cuando pase a explicar la formalización que solicitó el Ministerio Público, que constituye el acto cuya nulidad se solicitará, por haberse ejercido fuera de las competencias constitucionales y legales que tiene dicho órgano del Estado”.

Por otro lado, la acción judicial apunta al delito que se incluye en la solicitud de audiencia de formalización. Respecto a este, más adelante agrega que lo sindicado por la Fiscalía, sobre la responsabilidad de mando, no corresponde a un delito. “No le corresponde al Ministerio Público ejercer la acción penal pública en aquellos casos en que los hechos investigados no sean constitutivos de delito. Entonces, ¿qué relación tiene toda esta argumentación con la solicitud de formalización presentada en contra de nuestro representado? Precisamente, la formalización del Ministerio Público se refiere a un hecho que no es constitutivo de delito”, expone el recurso que ahora deberá revisar Zepeda.

Más adelante el recurso plantea la argumentación jurídica sobre las razones para acoger el requerimiento. En ese sentido, asegura que “existe un fundado peligro concreto para mi representado al permitir que un acto nulo de un órgano del Estado produzca sus efectos, llegando al punto de poder privarlo de libertad y procesarlo en un procedimiento irracional e injusto, contrario al debido proceso”.

Además, agrega que “existen antecedentes que constituyen presunción grave del derecho que se reclama, esto son los informes en derecho de dos eminencias del Derecho Procesal Penal, quienes son concluyentes en señalar que no existe en Chile el delito de apremios ilegítimos en desempeño de sus funciones de mando”. Por último, insiste en que “se cumple con todos los demás requisitos legales para proceder al otorgamiento de esta medida cautelar innominada, según se expuso latamente”.