El primer anuncio se realizó hace cerca de cinco años. Exactamente, en diciembre de 2014. Habían transcurrido pocos días desde que se conociera la absolución de Martín Larraín por los delitos de atropello y cuasidelito de homicidio contra Hernán Canales, y ya con todos los recursos procesales vencidos en Chile, la familia de la víctima anunció que levantarían al caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo hicieron. El organismo internacional recibió la denuncia en 2015, la estudió y el 19 de agosto ocurrió la primera acción que requerirá la participación del Estado chileno. Esto, porque a través de un oficio enviado al canciller Teodoro Ribera, la CIDH solicitó a Chile su pronunciamiento sobre esta situación.

En el documento, se indica que "solicito respetuosamente al gobierno de Su Excelencia tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de transmisión de la presente comunicación, conforme al artículo 30(3) del reglamento de la CIDH".

Asimismo, añaden que "la presente solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición".

En el último apartado, se indica que independiente del proceso que se lleva a cabo e independiente de la etapa procesal en que se encuentre, siempre estarán disponible para llegar a un término amistoso del conflicto.

La muerte de Hernán Canales ocurrió en el contexto de las Fiestas Patrias 2013, en Curanipe. Larraín fue imputado por este hecho y llevado a juicio en dos ocasiones. En el segundo y último de estos juzgamientos, finalizado el 23 de diciembre de 2014, la jueza Claudia Mora indicó que no se pudo probar que el joven conducía en estado de ebriedad, que era precisamente lo que la fiscalía solicitó en este segundo juicio. Por otro lado, agregó que tampoco se pudo probar que la huella en la berma de la calle hubiese sido dejada por el vehículo manejado por el hijo del ex presidente de RN, Carlos Larraín.

En ese tiempo, la familia de Canales cuestionó al Ministerio Público por no insistir y buscar nuevas soluciones que permitieran una condena. También criticó que no les permitieron ser parte del proceso.