Corte otorga libertad a militares (r) por quemar archivos de la CNI previo pago de $500 mil
Tres militares (r) estaban detenidos tras ser procesados por el juez Mario Carroza por el delito de sustracción o destrucción de documentos de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) -correspondientes al periodo 1080-1982- entre el 2000 y 2001.
La Corte de Apelaciones de Santiago decidió de forma unánime otorgar la libertad bajo fianza de los tres militares (r) que estaban detenidos tras ser procesados por el juez Mario Carroza por el delito de sustracción o destrucción de documentos de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) -correspondientes al periodo 1080-1982- entre el 2000 y 2001.
La solicitud de los efectivos en retiro fue acogida por la primera sala del tribunal de alzada capitalino integrada por los ministros Dobra Lusic, Elsa Barrientos y el ministro suplente Alberto Amiot; previo pago de la fianza establecida por el mismo Carroza correspondiente a $ 500 mil.
Cabe recordar que el pasado viernes 7 de febrero, el ministro de fuero decidió procesar al general (r) Eduardo Jara Hallad, en calidad de autor; a la teniente coronel (r) Mercedes del Carmen Rojas, como cómplice del citado ilícito; y al general (r) Patricio Chacón Guerrero como encubridor.
Según constó en el acta de procesamiento de Carroza, "al efecto, durante los años 2000 o 2001, en un día indeterminado, la entonces Teniente Coronel del Ejército, Mercedes del Carmen Rojas, segunda al mando de la Sección Archivo del Departamento II de Contrainteligencia de la DINE, por instrucción del General de Brigada Eduardo Jara Hallad, Director de Inteligencia, habría procedido a revisar en forma aleatoria los antecedentes microfilmados pertenecientes a la C.N.I., que se encontraban en sus dependencias y bajo la custodia del Ejército".
Se agregó que "hecho lo anterior, y cumpliendo órdenes de su superior Jara Hallad, que no represento, dispuso que el suboficial mayor Luis Zúñiga Celis y el cabo primero Osvaldo Ramírez, trasladaran aquellos archivos de la CNI a la Escuela de Inteligencia del Ejército, ubicada en la localidad de Nos, donde fueron incinerados, sin levantar las actas respectivas que ordenaba la reglamentación vigente, un procedimiento irregular que se le habría debidamente informado al entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Chile, Carlos Patricio Chacón Guerrero".
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