Corte Suprema rechaza recurso de nulidad presentado por defensa de Héctor Llaitul
Con ello se confirma la sentencia entregada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que estableció 23 años de cárcel para el comunero.
La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado el 6 de junio por la defensa del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, luego de ser sentenciado a 23 años de presidio.
Tal como lo adelantó La Tercera, la sala penal rechazó el recurso y con ello se confirma la sentencia entregada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, donde se establecieron 23 años de cárcel para el comunero, además del pago de 26 UTM por los diversos delitos por los cuales fue condenado.
La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía había solicitado penas que sumaban 25 años de presidio.
El fundador de la Coordinadora Arauco Malleco comenzó una huelga de hambre acusando ser un “preso político” y exigiendo la anulación de una condena de 23 años de cárcel, dictaminada el 22 de mayo pasado.
La protesta de Llaitul fue explicada en un comunicado de la CAM publicado en radio Kurruf. “En primer lugar, exige la nulidad del juicio que lo condenó recientemente a 23 años bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado. En relación a este mismo punto, se exige que el recurso sea visto por la Corte Suprema, debido a que es el máximo tribunal y es quien debiese pronunciarse ante esta injusta condena”, decía el escrito que se conoció a principios de junio.
El último miércoles se conoció el último reporte de Gendarmería al Tribunal Oral de Temuco sobre el estado de salud de Héctor Llaitul. Tras iniciar la huelga de hambre el 3 de junio -y completar 54 días de ayuno-, se informó una importante baja de 20 kilos de peso. Sin embargo, el documento explicitaba que hasta el momento el interno no presentaba molestias.
Llaitul fue condenado como autor de delitos de usurpación violenta de predio, hurto simple y atentado contra la autoridad, que están contemplados en la Ley de Seguridad del Estado. Y con el fallo del máximo tribunal se cierra un importante capítulo en la violencia desatada en la Macrozona Sur. Más de 25 años han pasado desde la fundación de la CAM -en 1998-, y con la privación de libertad del comunero se debilita a una de las agrupaciones radicalizadas que operan entre la VIII y IX Región y que se ha adjudicado cientos de atentados en más de dos décadas.
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