Corte Suprema se repliega y busca salida a la crisis por presunto tráfico de influencias

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Nueva vocería, instauración de un Código de Ética y mesa de trabajo para consensuar propuesta para modificar el sistema de nombramientos fueron parte de las definiciones que se adoptaron en el esperado pleno extraordinario del máximo tribunal.


Luego días cargados de alta tensión en los pasillos del Palacio de Tribunales, este miércoles 19 se llevó a cabo el inédito y esperado pleno extraordinario de la Corte Suprema, donde los titulares del máximo tribunal discutieron en torno a la polémica por presunto tráfico de influencias en nombramientos y también sobre la reforma a dicho sistema.

Pero a pesar de que los ánimos venían crispados, lo que se notó al comienzo del encuentro -según compartieron en privado varios de los asistentes consultados por este medio-, lo cierto es que los magistrados finalmente tendieron hacia un punto de encuentro y lograron consensuar la fórmula con la que intentarán salir al paso.

En primer punto, sorprendiendo a varios, el presidente, Ricardo Blanco, propuso nombrar a María Soledad Melo como nueva vocera de la Suprema, lo que fue ratificado por la unanimidad del pleno. De esta forma, la jueza sucederá a su par Ángela Vivanco, quien en junio de 2023 optó por renunciar a dicho cargo.

“Oficialmente el día de hoy el presidente me ha propuesto como nueva vocera y he sido ratificada por unanimidad”, sostuvo Melo a eso de las 15.00 horas, cuando realizó su primera vocería, dando cuenta de los acuerdos alcanzados y del plan de trabajo que se desplegará en los próximos meses.

De esta forma, la ministra debió comunicar cómo se buscará salida a la crisis. Transmitió, en ese sentido, que a raíz de los cuestionamientos surgidos tras la publicación de distintos reportajes que sembraron dudas -y gatillaron la presentación de varias querellas por presunto tráfico de influencias- sobre cómo los ministros habían llegado a sus puestos, se avanzará en un Código de Ética que los rige.

Esto, además, porque en plenos anteriores al menos tres de los ministros propusieron que la “congelada” Comisión de Ética analizara los casos en que están involucradas las ministras María Teresa Letelier y Ángela Vivanco, desechándose, entre otros factores, porque la instancia se encontraba desactualizada.

“Este tribunal ha estimado necesario avanzar en la redacción de un Código de Ética Judicial para nuestra judicatura, teniendo como base el Código de Ética Iberoamericano, que actualmente nos rige, por lo que ya en el mes de abril se encomendó su elaboración y, por ende, una propuesta de modificación del Acta N° 262 del 2007, (que establece) Principios de Ética Judicial y Comisión de Ética”, indicó Melo.

Planteó, en todo caso, que tanto el Poder Judicial como sus integrantes “reconocen la completa autonomía de los órganos constitucionales que ejercen funciones de investigación, estando disponibles para prestar la colaboración que se requiera y, eventualmente, asumir las responsabilidades que individualmente correspondan”.

Descartó, en el mismo sentido, estar en condiciones de negar la existencia de eventuales ilícitos. “Nosotros no descartamos nada, no se ha tomado decisión al respecto. No puedo decir que sí o que no”, señaló.

Reforma al sistema de nombramientos

En su comparecencia, además, la nueva vocera hizo presente que volverán a realizar gestiones a fin de separar la función jurisdiccional de la administrativa.

El pleno planteó, en esa línea, que el sistema de nombramientos de los miembros del Poder Judicial, como también de los auxiliares de la administración de justicia, contempla la participación de los distintos poderes del Estado y que, en lo que atañe al máximo tribunal, “se ha trabajado en mecanismos para asegurar la transparencia y objetividad en la selección de los oponentes, tarea en la que persistirá y que motivó la convocatoria a un pleno extraordinario el día de hoy (miércoles)”.

Y en tal sentido aseguró que se “ha planteado la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa y, entendiendo la urgencia que se requiere, retomará las gestiones que permitan lograr dicho objetivo, y radicar los nombramientos y otros asuntos relativos al gobierno judicial en un organismo que se establezca para tal efecto”.

Teniendo en consideración insumos aportados por distintos actores relativos al sistema de nombramiento y gobierno judicial, agregó la magistrada, el pleno también acordó conformar una mesa de trabajo “con representantes de las distintas salas de esta Corte sobre Concursos y Nombramientos, para continuar con el estudio de la modificación de las Actas 104 y 105 del 2021, que abordan estas materias para fortalecer los mecanismos de transparencia, en conformidad a los parámetros legales y objetivos previstos para los distintos cargos, asesorados por la Dirección de Estudios de esta Corte y el Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial”.

Añadió, igualmente, que en dicha instancia podrán ser invitados otros actores relevantes para conocer sus aportes sobre estas temáticas.

Sobre la materia, en todo caso, el ministro de Justicia, Luis Cordero, advirtió que en esta materia no sólo deben cambiar las mecanismos. Tiene que cambiar la cultura transaccional del sistema político en nombramientos”, dijo.

Vivanco enfrenta el “no” de Valencia

Mientras los ministros discutían el plan de acción, en todo caso, desde Valparaíso el fiscal nacional, Ángel Valencia, comunicó públicamente que había determinado declinar la solicitud de la ministra Vivanco para conversar sobre el caso que la ha tenido, junto a su pareja, como blanco de cuestionamientos.

Como el mismo máximo persecutor aseguró, desde su equipo se le hizo saber a la magistrada que solicitó un informe al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y que de momento no era “oportuno acceder” a la entrevista solicitada.

Ante ello, Vivanco se mostró conforme. “Yo me quedo muy conforme porque creo que se obtuvo el propósito que yo tenía de hablar con él, porque me dice que ellos van a revisar la situación y van a investigarla, que también han pedido los informes que son del caso y que como el tema está empezando a judicializarse que no es oportuno reunirnos en este momento”, sostuvo la magistrada.

“Me parece que efectivamente ya no tiene sentido porque se ha hecho lo que yo quería que se hiciera (...) El fiscal nacional dice que dado que se está judicializando el tema, no es oportuno reunirse conmigo todavía, pero ya pierde oportunidad porque lo que yo pretendía decirle ya finalmente se cumplió”, agregó.

De igual forma, consultada sobre si en el pleno enfrentó reproches de sus pares, la jueza fue tajante en sostener que dicha instancia no tiene facultad para hacerle ese tipo de observaciones.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.