CPLT insiste ante la Corte de Apelaciones que Usach debe entregar antecedentes académicos de Loncon

Por medio de un escrito, el Consejo para la Transparencia (CPLT) manifestó su rechazo frente al recurso de ilegalidad presentado por la Universidad de Santiago el 12 de mayo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Con dicha acción judicial, la casa de estudios busca declarar ilegal la decisión del organismo encabezado por Francisco Leturia, que ordenó entregar los antecedentes académicos de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon.

En el texto de 40 páginas, el CPLT hizo sus descargos y observaciones respecto del recurso, subrayando que, al ser funcionaria pública, corresponde conocer los datos solicitados.

Sin embargo, la casa de estudios insiste en que no están obligados a hacerlo, puesto que -según han planteado durante el proceso- cuando el Consejo resolvió lo hizo contraviniendo la norma, específicamente el artículo 40 de la Ley de Transparencia.

Explican, en ese sentido, que en caso de que un solicitante apele al rechazo de una institución a entregar antecedentes, el consejo “deberá adoptar sus decisiones por la mayoría de sus miembros, debiendo sesionar con un quórum mínimo de tres consejeros”, algo que de acuerdo con la versión de la universidad, no ocurrió.

Los antecedentes requeridos corresponden a publicaciones, papers y datos referentes a los cursos de pregrado y posgrado que ha dictado la académica. Esto, luego de que la casa de estudios le otorgara un año sabático.

En su respuesta ante el recurso, el CPLT expone siete argumentos legales para oponerse a lo indicado por la universidad. Uno de ellos es que a juicio de ellos, la información solicitada es pública, ya que está relacionado con una funcionaria pública. Por lo mismo, dicen, estarían actuando ajustados a la normativa.

En detalle, la institución sostiene que “según la información publicada por la Usach en su banner de Transparencia Activa, a mayo del presente año 2023, doña Elisa Loncon Antileo, es funcionaria pública en calidad de a contrata”.

Junto con eso, agrega que la información “ordenada proporcionar a la solicitante, constituyen antecedentes directamente relacionados con el ejercicio de la función pública que desempeñan dichos servidores, lo cual permite a la ciudadanía conocer antecedentes relacionados con el ejercicio de dichas funciones de las personas que trabajan para un órgano de la administración del Estado, en cuyo ejercicio se encuentran sujetos a los principios de probidad y publicidad”.

En esa línea, sostiene que lo anterior favorece “el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía”.

Finalmente, el CPLT cita una serie de fallos de la Corte respecto a la materia, buscando dejar en evidencia que la entrega de la información no vulnera ningún derecho.

Así las cosas, el Consejo solicita que se rechace completamente el recurso presentado por la universidad en el caso sobre la entrega de información académica de la expresidenta de la Convención, quien ha acusado que se la “ha expuesto al escarnio público”.