Crisis social: ¿Quiénes son los imputados en prisión preventiva?

Cuando un grupo de senadores ingresó una moción parlamentaria para legislar un indulto para imputados por delitos vinculados al estallido social se desató un intenso debate sobre esta medida. El gobierno la criticó y lo mismo hicieron las instituciones que forman parte del sistema penal. Más allá de los reparos institucionales, el proyecto dejó planteada la duda de cuántos imputados están en esta situación.

El Poder Judicial fue uno de los organismos que tomó la pregunta y la estudió en base a los datos oficiales que existen en el sistema. Así fue como el martes la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, presentó un estudio en el cual reveló que, de acuerdo a la metodología usada por la judicatura, al 11 de diciembre pasado solo 26 imputados estaban cumpliendo esta medida cautelar por algún ilícito que tuviera relación con el 18-O.

La Tercera solicitó al Poder Judicial los roles de esas causas, las cuales corresponden a 24, para hacer un zoom y conocer hechos y delitos imputados.

La mayoría de los casos corresponden a imputados por el delito de robo en lugar no habitado, vinculado a saqueos. Varios de ellos tenían condenas anteriores, 17 de los 26, y en todas hubo audiencias para revisar la medida cautelar. Varias prisiones preventivas fueron apeladas y posteriormente confirmadas, algunas en fallos divididos, por las cortes de Apelaciones respectivas. En los casos en los cuales los hechos aparentemente no se veían de gravedad, la causa contaba con una querella del gobierno por Ley de Seguridad del Estado. Los detenidos por desórdenes públicos, a su vez, tenían otro delito imputado, que era el de robo en lugar no habitado.

Las causas también incluyen incendios, un ilícito que tiene una pena alta. Dentro de ellos están, por ejemplo, quienes han sido acusados por el Ministerio Público de haber quemado las estaciones del Metro.

En los casos del Poder Judicial, hasta ayer, algunos habían cambiado la medida cautelar por arresto domiciliario total. Otros, incluso, fueron condenados en procedimientos simplificados. En esos casos, la pena de presidio efectivo se dio por cumplida por los días en prisión preventiva.

Otro fenómeno que se puede apreciar se da en las causas por el delito de receptación. Este ilícito pena a quien “conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder” bienes robados. Esos casos fueron descubiertos en allanamientos realizados por la policía, todos con autorización judicial. Al momento de incautar, junto con retirar los bienes saqueados, la policía encontró otras especies.

Un ejemplo de eso es una causa de San Bernardo, en donde la policía entró al domicilio de la imputada Alen Karely Huenucoy Arteaga. Junto con descubrir un televisor y una impresora presuntamente robados, los oficiales dieron con más de 30 gramos de clorhidrato de cocaína, 1,6 kilos de cocaína base y casi un kilo de cannabis sativa. Además de una caja de municiones, con 37 cartuchos calibre 38 especial sin percutir, y una cartera negra en cuyo interior mantenía un revólver marca Taurus, calibre 38 especial, y ocho cartuchos calibre 38 especial sin percutir. La imputada no contaba con la autorización correspondiente.

Se trata de Omar Jerez Meza y Jeremy Ramírez Bravo, ambos acusados por la Fiscalía Metropolitana Sur por haber quemado la Estación del Metro La Granja, en el contexto de las manifestaciones ocurridas el 18 de octubre de 2019. Para los dos, el Ministerio Público solicitó 15 años de presidio por el delito de incendio y tres años por el ilícito de daños. Ambos están cumpliendo prisión preventiva desde noviembre y diciembre, respectivamente. El caso alista su juicio oral.

Julio César Escobar fue detenido en Antofagasta y formalizado por el delito de robo en lugar no habitado. Quedó en prisión preventiva por peligro de fuga y se fijó una caución de $ 80 mil. El gobierno se querelló en su contra invocando la Ley de Seguridad del Estado. Algunos de los hechos imputados, según consta en el sistema del Poder Judicial, son haber saqueado un supermercado y al ser detenido portaba tres paquetes de fideos y dos bolsas de gomitas marca Ambrosoli.

Manuel Calquín Salinas está imputado por los delitos de receptación, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones y tráfico ilícito de drogas. El Ministerio Público le imputó haber saqueado un supermercado Acuenta. Posteriormente, la policía, con orden judicial de entrada y registro, ingresó a su casa y encontró esos bienes, avaluados en $ 100 mil, y además cartuchos, armas, cocaína y 13 plantas de marihuana. Además, tenía otra causa en Colina.

El imputado José Luis Labra Donoso está como imputado por el delito de robo en lugar no habitado, daños y desórdenes públicos, en una causa radicada en el Juzgado de Garantía de Melipilla. El hecho imputado es el saqueo al Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial de Melipilla. Su defensa pidió la enajenación mental de acuerdo a lo establecido en el CPP. El tribunal la aceptó y está internado de forma provisional en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barack.

Daniel Bustos Trabor es el único acusado por haber quemado la Estación de Metro San Pablo, quien está en prisión preventiva desde enero del año pasado. La Fiscalía Centro Norte pidió una pena de 12 años de presidio por el delito de incendio. El fiscal del caso, José Morales, lo acusa de incendiar un recinto ubicado al costado oriente de la estación, por la calle Neptuno. La causa, luego de la acusación, alista lo que será su juicio oral.

David Gorguet Álvarez fue imputado por el delito de robo en lugar no habitado. Reconoció los hechos: robar 400 metros de cable de cobre, cuatro cajas de intercomunicación y también un celular. Fue condenado en procedimiento simplificado a 21 días por el delito de tentativa de robo en lugar no habitado y 370 días por robo con fuerza en lugar no habitado. La pena se dio por cumplida por el tiempo en que estuvo en prisión preventiva.