“Criterio Valencia”. Así bautizó la Fiscalía nacional -a través de redes sociales- a la polémica instrucción del jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, quien ordenó a sus fiscales regionales solicitar prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos y no cuenten con cédula nacional de identidad, hasta que se pueda comprobar su identidad efectiva.
El criterio surgió a raíz de la muerte del suboficial Daniel Palma -ascendido de manera póstuma-, cuando Valencia convocó a los persecutores regionales de la Región Metropolitana para analizar medidas urgentes por lo que fue el tercer homicidio a un funcionario de Carabineros en menos de un mes. En la cita, quien encabeza el Ministerio Público les informó de la instrucción para extranjeros que no portaran algún documento que acredite su identidad. En un principio, la medida se aplicaría solo en la Región Metropolitana, sin embargo, el mismo fiscal nacional informó después que el criterio se extenderá a nivel nacional.
Este martes, la instrucción de Valencia tuvo su primer revés. El Juzgado de Garantía de Concepción desestimó la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público para cuatro extranjeros -que no contaban con identificación- tras ser formalizados por el delito de receptación.
Uno de los argumentos entregados por la jueza Claudia Castillo fue que los individuos, si bien no contaban con identificación entregada por el Registro Civil, tenían identificación de su país de origen. Quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional y firma.
Así las cosas, este miércoles entró al debate la Asociación Nacional de Magistrados, a través de su presidenta Mariela Hernández. Consultada por la medida, la jueza señaló que para ellos -pese al instructivo de Valencia- no existen cambios en la dinámica procesal entre los tribunales de garantía y los fiscales, pues no alteraba el hecho de que los jueces “deben cumplir su mandato constitucional”.
“Nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar instructivos que emanan desde la Fiscalía nacional, pero eso les compete únicamente a los fiscales del Ministerio Público, no a nosotros los jueces. Nosotros estamos para aplicar la ley vigente y en ese sentido son los fiscales quienes tienen que dar cumplimiento a las instrucciones emanadas del fiscal Valencia y nosotros los jueces tenemos que cumplir nuestro mandato constitucional”, aclaró Hernández en conversación con Radio ADN.
La magistrada enfatizó sobre todo en que los jueces no se rigen por instructivos emanados desde la Fiscalía, sino que única y exclusivamente por la Constitución y las leyes.
“Para nosotros no hay cambios, nosotros aplicamos la ley vigente. El Ministerio Público tiene sus instructivos, ellos son los ejercen la política criminal, ellos investigan los hechos, pero nosotros aplicamos la ley vigente y, en ese orden de ideas, esa ley vigente se aplica sobre la base de casos concretos”, reafirmó la presidenta del gremio.
En esa misma línea, la jueza aprovechó para reiterar el procedimiento en los tribunales de garantía y aseguró que la decisión radica siempre “sobre la base de antecedentes que los fiscales nos exponen en las audiencias”. “Ahí nosotros determinamos si proceden los requisitos materiales que exige la ley para acreditar el hecho y la participación, y luego de ellos nos pronunciamos si hay necesidad de cautela, no solamente la prisión preventiva, sino otras medidas cautelares que contempla el Código Procesal Penal”, cerró Hernández.
