El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, abordó distintos aspectos de la contingencia en una entrevista televisiva, donde, entre otros temas, se refirió a los indultos concedidos por el Presidente Boric a presos del estallido, a las medidas anunciadas por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, para mejorar la seguridad en su comuna, y repasó el lío de platas que involucra a organismos públicos y entidades privadas.
En entrevista con CNN Chile, la autoridad que termina su mandato el próximo 15 de diciembre también repasó los casos de posible corrupción investigados en municipios de la Región Metropolitana, como Vitacura, Maipú, Santiago, Las Condes y Recoleta, afirmando que “en todos ellos lo que hay claramente es corrupción”.
Cabe recordar que el Presidente Gabriel Boric el último viernes del año 2022 realizó tales indultos, que incluyeron a 12 personas detenidas por distintos delitos en el marco del estallido y a Mateluna, condenado por el robo con violencia a un banco en Pudahuel. Al respecto, el contralor Bermúdez afirmó que, en tales casos, “no creo que corresponda que haya un indulto”.
“Lo que pasa es que, si allí hay criminalidad común, que fue básicamente lo que hubo, no creo que corresponda que haya un indulto. O sea, creo que un delito es un delito siempre, y, por lo tanto, no corresponde una justificación por una manifestación que uno llegue a quemar el Metro por ejemplo, esas cosas son inaceptables, lo cual no quita que uno diga que hubo excesos en el uso de la fuerza, no son incompatibles”, partió señalando la autoridad.
En ese sentido, afirmó que la medida “obviamente creo que no ayuda a la coherencia que tiene que haber en el discurso de la lucha contra la delincuencia”.
“Creo que es coherente con lo que he dicho hace cuatro años, en el sentido de que las responsabilidades tienen que hacerse cumplir también”, señaló Bermúdez.
Medidas de Carter: “No hay un marco legal”
En otro tema, consultado por la aplicación del estado de emergencia comunal aplicado por el alcalde Rodolfo Carter, en La Florida, el contralor Bermúdez afirmó que “no existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad, eso no existe”.
“No, no la tienen, no existe tal cosa en el ordenamiento jurídico chileno y los estados de excepción son los que están establecidos en la Constitución y por las causales establecidas ahí”, recalcó la autoridad.
Respecto al argumento que esto se pudiera, según la Ley Orgánica de Municipalidades, asemejar a lo ocurrido en pandemia, el contralo afirmó que “no se puede hacer ese parangón, por varias razones. En primer lugar, porque la pandemia corresponde a una emergencia sanitaria que tiene toda una estructura, un marco legal que está bien definido y que tiene toda una regulación que va por el lado sanitario y a partir de ahí se podían tomar ciertas medidas”.
“Lo que existe a nivel comunal y por lo tanto que sí pueden hacer los alcaldes, es tomar ciertas medidas de gestión que puedan colaborar con la seguridad pública, pero medidas de gestión, que no son de carácter operativo ni mucho menos policiales. La actividad policial en Chile está reservada única y exclusivamente, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones y en otro ámbito totalmente distinto a la Policía Marítima, pero la actividad policial y la prevención, sobre todo, en Carabineros de Chile”, afirmó el contralor respecto a lo que sí pueden aplicar los jefes comunales.
“Nosotros no hemos revisado todavía esa ordenanza o decreto alcaldicio que debería formalizar esto, pero en principio y solo conocimiento lo que se ha dicho por la prensa, no nos parece que corresponda”, señaló.
“Lo que pueden hacer dentro de este marco de medidas de gestión que es lo que autoriza la ley para colaborar en materias de seguridad, es, por ejemplo, modificar el presupuesto comunal, con los resguardos establecidos en la ley -como aprobación del Concejo- y pasar dineros o recursos públicos, desde una partida a otra, por ejemplo, en materia de apoyo o coordinación en la gestión de seguridad”, explicó Bermúdez.
“Eso parece que es exponer al riesgo a personas que no tienen las facultades legales para hacer uso legítimo de la fuerza”, sostuvo respecto a que sea civiles quienes participen de la custodia de la seguridad de los barrios.
“No hay un marco legal que lo habilite”, dijo el contralor respecto a las facultades que le caben a las municipalidades en torno a la seguridad.
Práctica “poco democrática” de Jadue
Asimismo, el abogado abordó las investigaciones por posible corrupción ocurrida en municipios de Santiago, Maipú, Las Condes, Vitacura y Recoleta, afirmando que “en todos ellos lo que hay claramente es corrupción y en todos ellos hay investigaciones penales también”.
“Nosotros lo que estamos haciendo allí -en algunos de ellos ya se terminaron los sumarios- en todos ellos hicimos acciones de fiscalización o auditorias que demostraron objetivamente que había pérdida de recursos públicos y, por lo tanto, lo que corresponde ahora es determinar las responsabilidades”, explicó la autoridad.
Requerido específicamente por el caso de Recoleta, dirigida por el comunista Daniel Jadue y si en su caso hubo financiamiento ilegal de la política, afirmó que “esa es una pregunta que uno puede hacerse, pero nosotros con nuestras facultades no podemos llegar a esa conclusión”.
“Además acá también hay otra cosa y es una práctica, no sé, poco democrática incluso diría yo, que es intentar acallar al mensajero y es que, en el sentido siguiente, el alcalde (Daniel Jadue, PC), se querelló en contra mía porque yo supuestamente habría develado un secreto que era el secreto del sumario que se estaba llevando a cabo”, señaló Bermúdez.
“Entonces es bien fácil intentar inhabilitar a aquel que está tratando de hacer su trabajo por la vía de las querellas, porque además las querellas no siempre llegan a su destino, entonces, la querella se admite a trámite, genera una tensión no solo en mí, sino que en el equipo por algo que uno está convencido que uno hizo lo correcto, pero además lo obliga a inhabilitarse en los sumarios porque según ese supuesto había una especie de animadversión en contra de esa autoridad y eso evidentemente no es así”, explicó.
“Los hechos objetivos que nosotros determinamos en Recoleta fue que hay una cantidad que son miles de millones que no está claro donde fueron a parar, que son los que se traspasaron a esa fundación que era la de las farmacias populares”, precisó.
“Me parece poco democrático porque en el fondo hay que dejar que las instituciones funcionen”, al tiempo que recalcó que la casa edilicia dirigida por Jadue no ha tenido carácter colaborador con la indagación que lleva adelante la Contraloría.
Lío de platas
En tanto, requerido por la posible recuperación de dineros en el lío de platas, el contralor Bermúdez sostuvo que “sí, yo creo que eso es muy complicado de que eso pueda ocurrir porque -y eso es algo que se modificó en la actual Ley de Presupuesto para el próximo año- no hay garantías serias y reales que puedan ser exigibles, porque también nos hemos encontrado como Contraloría que algunos organismos exigían como garantía un pagaré y el pagaré si bien es un título ejecutivo que permite demandar, pero en el fondo va a depender del patrimonio que tenga el demandado y acá, en el fondo lo que se necesita es una garantía efectiva, como una boleta de garantía bancaria”
“Probablemente sí”, sea dinero perdido afirmó la autoridad en la recuperación de los montos de los millonarios convenios suscritos.
“Esa es una paradoja que se está produciendo en este caso”, dijo respecto a los delitos administrativos, en situaciones que estaban permitidas, pero que no tendrán como consecuencia una sanción, ya que existía un “vacío” legal en la regulación de dichas transacciones.
En ese sentido, detalló que “puede acreditarse, como probablemente así va a hacer, dado como han avanzado las investigaciones penales, que se acredite de que había un ánimo defraudatorio respecto del fisco”.
En ese sentido, también abordó las consecuencias que tendría que un caso como el lío de platas quede sin sanciones penales. A juicio de Bermúdez “pasaría lo que ocurre en todos los casos de corrupción cuando no hay una sanción, que es que queda esa sensación de impunidad y que estos son delitos bagatela que no tienen consecuencias para aquel que ha defraudado el patrimonio público y eso es muy malo no solo por el caso en particular, sino que respecto de la confianza pública que debe existir en las instituciones”.
“El nivel de confianza que existe en nuestro país respecto a sus instituciones es muy bajo y eso afecta, en definitiva, en la confianza que existe en la democracia”, señaló el contralor.
¿Futuro en política?
Durante el transcurso de la conversación, la saliente autoridad abordó sus posibilidades de postular a un cargo de elección popular.
Con todo, afirmó que está la “puerta absolutamente cerrada” a participar en una elección, ni tampoco para asumir en algún ministerio.
“Uno es más complejo que izquierda y derecha, entonces yo no quiero estar encasillado en eso”, indicó.