Esta mañana, se realizó una audiencia judicial virtual donde la Corte Suprema escuchó los alegatos en torno al recurso de amparo presentado por la defensa del ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez en el marco de una de las aristas investigada por el fraude en la institución castrense.

En específico, la ministra Romy Rutherford indaga a Martínez, quien a comienzos de marzo renunció al cargo de comandante en Jefe del Ejército, por el supuesto mal uso de dinero destinado para viajes institucionales. En ese marco, el 3 de marzo, estaba agendado que Martínez llegara hasta las oficinas de la ministra Rutherford, sin embargo, el alto oficial no llegó.

Por su parte, en esa fecha, la defensa del ex comandante en Jefe del Ejército, el abogado Juan Carlos Manríquez, acudió hasta la Corte Marcial para interponer el recurso de amparo con el motivo de que el exoficial ha visto amenazada su “libertad y seguridad”.

En ese sentido, ese mismo día la defensa del exuniformado presentó una apelación donde solicita a la jueza reconsiderar su decisión de no aceptar que la diligencia se realice en el domicilio del retirado uniformado, tal como lo dispone la ley respecto de quienes poseen fuero. Lo mismo respecto a la determinación de que el interrogatorio no será en compañía de su abogado.

Defensa de Martínez

Así las cosas, hoy el abogado defensor Juan Carlos Manríquez entregó su planteamiento defendiendo que el exmilitar declare en la Casa Comando que forma parte del Complejo Militar Lo Curro, en Vitacura. “El señor Ricardo Martínez tiene y mantiene dos calidades: la de excomandante en jefe y la de general de Ejército. En estos casos, conforme a la ley, puede fijar domicilio para los efectos de ser interrogado”.

Esto, según dijo, “sin que ello constituya capricho alguno o como se ha sostenido alguna simple voluntariedad de la defensa”.

Argumentando este punto, el abogado dijo: “El tribunal, informando el recurso de amparo, sostiene que en aquel lugar podrían no darse ciertas condiciones de seguridad para que el tribunal compareciera y pudiera tomar estas diligencias en dichas dependencias. Sin embargo, el mismo tribunal, con la misma señorita ministra en visita ha concurrido al menos en dos oportunidades previas a ese mismo domicilio, ha levantado documentos, incluso cuando el comandante en jefe estaba en servicio. Se hicieron diligencias, se tomaron fotografías inclusive de uno de los hijos en el sector privado de esa casa, en el dormitorio particular, con auxilio de la Policía de Investigaciones sin embarazo o problema alguno”.

Asimismo, afirmó que “en este minuto esa casa no cuenta con guardia fiscal, no cuenta con guardia armada, no cuenta con personal armado, dado que, como bien se sabe al haber asumido el nuevo comandante en jefe del Ejército, el señor Javier Iturriaga del Campo, esa guardia se ha trasladado hasta la conocida casa de los generales, en Presidente Riesco con Américo Vespucio”.

Esto último, el contingente militar del lugar, sería una de las aprensiones de Rutherford para no aceptar tomar la declaración de Martínez en ese lugar.

Respecto a la solicitud de que Martínez declare con la presencia de su abogado, argumentó: “Hemos requerido que se nos autorice la presencia de un abogado defensor en estos tramites de declaración donde quiera que esto se haga. Es cierto que por mucho que sea un general de Ejército, un excomandante en jefe, no es una persona letrada ni forma da en derecho, no es una persona que esté en condiciones de controlar o advertir preguntas cerradas, sugestivas, reiteradas, que eventualmente tiendan a encontrar otra respuesta”.

Fiscalía Militar y CDE

A su turno, el fiscal del Ministerio Público Militar Luis Araya Gallo se refirió a la petición de la defensa de que Martínez preste testimonio junto a su abogado. “La concurrencia de un abogado junto a su defendido en el acto de prestar declaración no existe en los procesos de justicia militar”, explicó, y agregó: “En opinión a este Ministerio Público no existe una ameniza a la libertad personas, de cualquier persona, por el solo hecho de ir a prestar declaración a un tribunal de la República sin su abogado. Incluso aunque de esa diligencia resultara la resolución de detención o arresto, tampoco. Porque cualquiera sea la resolución adoptada por el tribunal, esta siempre tiene que estar acorde a nuestro ordenamiento jurídico, siempre acorde a lo que señal la ley y, obviamente y no, menor ante el mérito general del proceso”.

Por su parte, la abogada María Inés Horvitz, quien representa al Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa, señaló: “Esta parte hasta el momento no entiende, no ha escuchado, un fundamento concreto de parte de la defensa del señor Martínez en orden a explicar en qué medida se ve amenazada, perturbada o afectada la seguridad o libertad del señor Martínez por la circunstancia de ser citado a comparecer ante el tribunal de la señora ministra en visita Romy Rutherford o, incluso, designar una morada personal del señor Martínez de manera de que se pueda cumplir con esa diligencia”.

“La pregunta es, ¿Cuál es la razón para que el señor Martínez declare en un lugar que conocidamente constituye un inmueble del Fisco, de carácter militar?, ¿Por qué debería tener ese privilegio en circunstancia en que ya no es comandante en jefe del Ejército?”, cuestionó.

Revisados los alegatos, la Corte Suprema deberá ahora emitir un fallo.