¿Cuáles son los efectos del desafuero de la diputada Catalina Pérez?

El 20 de enero la Corte de Apelaciones dará a conocer la sentencia de la decisión de desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), cuyo veredicto unánime se dio a conocer este lunes.

Pérez está siendo investigada por la fiscalía de Antofagasta por su rol en el caso de Democracia Viva, donde la fundación ligada a Revolución Democrática habría suscrito convenios por cerca de $426 millones con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. Todo en un entramado que, según la fiscalía, benefició económicamente a personeros de esa colectividad.

Luego de que se entregue el fallo, la parlamentaria, a través de su abogado, tiene cinco días hábiles para recurrir de apelación ante la Corte Suprema, que es justamente lo que anunciaron que harán. Allí, en caso de que el máximo tribunal confirme lo resuelto en Antofagasta, se abre un nuevo escenario parlamentario para Pérez.

Con el desafuero firme y ejecutoriado, Pérez quedará inhabilitada para votar y participar en sesiones de sala y de comisiones. Además, “su escaño se resta del número total de parlamentarios para calcular las mayorías necesarias para la aprobación de leyes”, explica el abogado constitucionalista Mauricio Daza a La Tercera.

Eso sí, comenta Daza, pese a no poder votar, puede seguir recibiendo su dieta de forma íntegra, además de todos los montos establecidos para asignaciones parlamentarias, los cuales se asocian a gastos de asesores, transporte, arriendo de sedes, entre otros.

De momento, la congresista puede seguir asistiendo sin problemas al Congreso para ejercer su labor parlamentaria, debido a que el desafuero aún no quedó ejecutoriado.

Por su lado, el abogado Jaime Bassa agrega que “el artículo 419 del Código Procesal Penal señala que el diputado o senador que quedará suspendido en su cargo, solo una vez que sea comunicada la sentencia definitiva de la Corte que declara el desafuero. Por lo tanto, mientras eso no ocurra la diputada no puede ser suspendida de sus funciones y seguirá ejerciendo su cargo hasta que la justicia no haya agotado todas las instancias”.

No obstante, ese escenario es justamente lo que no quiere el abogado de Pérez, Gonzalo Medina. En un comunicado, el litigante criticó el fallo: “No compartimos la decisión, y obviamente, recurriremos de apelación a la Excelentísima Corte Suprema”.

“Este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”, agregó sobre el fallo de la Corte.

Por otro lado, en materia penal, el fiscal Cristián Aguilar dijo que quedaban “varias diligencias pendientes” en torno a la investigación a parlamentaria, como informes periciales solicitados a la Policía de Investigaciones y tomar nuevas declaraciones.

Pese a que Aguilar no necesita del desafuero para formalizarla, este señaló que no solicitaría audiencia para ello hasta tener completamente resuelto este punto en la Corte Suprema. Vale decir, hasta fines de febrero. En efecto, con el desafuero el Ministerio Público puede solicitar medidas cautelares o presentar su acusación.

Respecto a las posibles medidas cautelares, no adelantó cuáles serían las que pretende solicitar. “Eso se evaluará en su oportunidad”, cerró.

Para el persecutor, la diputada tenía un rol de liderazgo en los hechos ya que era quien “dirigía la organización” en la cual también participaba su expareja, Daniel Andrade, otro imputado en la causa y quien permaneció en prisión preventiva por 75 días.

“Artificialmente crearon una maquinación para favorecerse contratos fiscales para fines políticos”, dijo el persecutor frente a los jueces. La fiscalía le indaga tres delitos de fraude al fisco en calidad de autora.