Cuando Luis García Huidobro le ganó a la Fiscalía

La casi decena de camionetas que llegaron esa tarde al fundo Casablanca, en la comuna de Carahue -en la mitad del camino entre Temuco y la costa del Pacífico-, fue algo totalmente fuera de lo común al quebrar la rutina de ese día. Los lugareños, cuando las vieron llegar, sintieron que algo estaba pasando. Luego, 30 encapuchados se bajaron de esos vehículos. Entonces empezaron los tiros y los gritos.

En el fundo existían 13 casas que eran habitadas por trabajadores forestales y por sus familias. Esa era una de las actividades principales del lugar. Por eso, cuando llegaron los encapuchados a las 13:45 del lunes 25 de octubre de 2021, la mayor parte de las personas que estaba en el fundo eran las esposas e hijos de esos empleados que en ese momento se encontraban en plena faena. Según la acusación que levantó el Ministerio Público, todos esos sujetos llegaron con rostro cubierto, ropa mimetizada y premunidos con armas de fuego.

Una vez que llegaron, empezaron los balazos. El mismo escrito detalla que, además de intimidar a los habitantes del lugar con armas de fuego, procedieron a rociar acelerante en las casas. Luego robaron dos camionetas forestales.

El ataque fue devastador. El fundo quedó reducido a cenizas: 10 casas de trabajadores se quemaron completamente. También ardieron cinco camiones, una bodega, tres autos y una camioneta. Luego del hecho, se hizo viral un video en redes sociales: era un niño que sollozaba mirando junto a su padre cómo se quemaba su casa. “Papá, ya no importa mi celular... mi casa, mi perrito”, mostraba el registro.

La agresión aún es considerada la más destructiva en el contexto de violencia rural en la zona. La crudeza con la que actuaron los encapuchados, y su decisión de caer en el lugar a plena luz del día, llamó la atención de los investigadores del caso.

En el lugar, consta en la reconstrucción que hizo la fiscalía, los encapuchados dejaron tres lienzos. Dejaban claro que el ataque se lo estaba adjudicando la Weichan Auka Mapu (WAM), un grupo paramilitar surgido de una escisión de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Alcanzaron notoriedad en 2016, y están detrás de los atentados más violentos de los que se tiene registro en las provincias de Arauco, Cautín y Malleco. Entre sus blancos, se listan incluso escuelas e iglesias.

Una de ellas decía: “Libertad a todos los presos políticos mapuche, fuera milicos, yanaconas y toda empresa capitalista. Weichan Anka Mapu”. Otro rezaba: “Fuera los milicos forestales yanaconas, libertad a L. Tranamil , C. Millanao, E. Montoya, Berkhoff, primos Trancal”.

Semanas después, el 4 de noviembre de 2021, la WAM publicó una de sus primeras y grandes apariciones comunicacionales: un video donde unos 40 encapuchados exhiben rifles, mientras una voz llamaba a que las policías y el Ejército abandonaran la Araucanía. Por esos lienzos, las policías entendieron que los que estaban detrás de la destrucción en Carahue era precisamente la WAM.

Los primeros que llegaron al lugar -dicen fuentes ligadas a la investigación- fueron Carabineros. Allí tomaron la declaración de las personas afectadas. En esa ocasión, todas las mujeres y hombres dijeron que no podían identificar a ninguno de los atacantes, ya que todos ellos llevaban capuchas puestas cuando bajaron de las camionetas. Dos horas después, la PDI llegó al lugar. Allí, todos los testigos volvieron a declarar. Pero ahí todo cambió.

Una de las esposas de los trabajadores -cuya identidad se mantiene en reserva hasta hoy- declaró en esa segunda oportunidad que, mientras la sacaban de su casa junto a su hijo, encaró al sujeto que la estaba amenazando. Le dijo: “si son tan choros, muestren la cara”.

La mujer declaró que el encapuchado lo hizo. En ese momento, dijo, le vio el rostro a la persona que la estaba sacando de su casa.

“Desconozco por qué -reza la declaración ante la PDI-, pero el tipo se levantó la capucha y vi su rostro rápidamente, destacando en este que tenía tez clara, ojos azules claros, medía 1.70m aproximadamente y tenía contextura delgada”. Además, agregó que tenía “acento gringo”.

Con esa declaración, la policía realizó un retrato hablado. Algo les llamó la atención: el rostro que resultó les parecía similar a Luis García Huidobro, ex sacerdote jesuita. “Este es el cura”, dijo uno de ellos.

Luis García Huidobro Andrews había cumplido recién 30 años cuando visitó la comunidad Anillén, en Tirúa. Hasta ese momento, era un sacerdote jesuita con una trayectoria que no tenía nada que ver con el conflicto mapuche: estudió en el colegio San Ignacio de El Bosque, tomó cursos de teología en la Universidad Católica y se sumó a la Compañía de Jesús a los 21 años.

A principios de los años 2010, García Huidobro apoyaba públicamente la causa mapuche desde lo ideológico, a través de columnas de opinión publicadas en medios de comunicación nacional. Una de las figuras que más citaba el entonces jesuita era la del padre Luis de Valdivia, misionero de esa misma orden que, además de evangelizar mapuches, inventó el concepto de “guerra defensiva”: es decir, que tanto el imperio español como el pueblo mapuche cesaran las hostilidades, y que los nativos se convirtieran al cristianismo. Fue desde esa incursión en la comunidad Anillen la que inició una trayectoria distinta a la que llevaba hasta entonces.

En 2013 dio un paso más adelante. En diciembre de ese año, fue detenido por protestas y generar desórdenes durante la primera audiencia de juicio oral del werken de la comunidad Wente Winkul Mapu, Daniel Melinao, quien fue detenido en abril de ese año como presunto coautor de la muerte del carabinero Hugo Albornoz, en el marco de un operativo en Ercilla.

Si bien erróneamente se le conoce como un “cura”, García Huidobro en rigor nunca fue ordenado. Por ende, no es un sacerdote. De hecho, en febrero de 2014 anunció que dejaba su carrera sacerdotal. En mayo de 2014, fue controlado por Carabineros en Tirúa manejando contra el tránsito portando municiones. Desde entonces, su perfil público bajó. Eso sí, quedó en la mira de las policías.

Según informes policiales al que tuvieron acceso fuentes de La Tercera que trabajaron en el gobierno, García Huidobro formaba parte de listas de interés vinculadas a la WAM. Desde la fiscalía, eso sí, tienen resguardos con esto. El exjesuita no ha sido procesado en ninguna causa por delitos terroristas, ni por estar asociado a la WAM. Tampoco tiene antecedentes penales, detallan desde el Ministerio Público.

El fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Traiguén, Felipe González, fue el encargado de llevar la causa de Carahue ante la justicia. Por el caso también se querelló la Delegación Presidencial de la Araucanía. Luego de que la testigo protegido identificó la “tez clara, ojos azules claros, medía 1.70m aproximadamente y tenía contextura delgada”, hubo más peritajes.

El 9 de noviembre, la testigo declaró en un nuevo retrato descriptivo en la Lacrim de Temuco de la PDI. Allí, dijo que la persona a la que vio “medía entre 1.75 a 1.80″ y que tenía “tez blanca y ojos azules”. Además, incorporó algo más: que tenía “aproximadamente 40 años”.

El 11 de noviembre, en otra declaración, la mujer añadió dos rasgos más a su declaración ante la BIPE de Temuco. Dijo que el sujeto levantó el pasamontañas, y así pudo ver sus ojos azules, “barba y bigote rubio”. Según fuentes que investigaron el caso, a la testigo protegida le mostraron el 11 de noviembre del 2021 un set de unas 20 fotografías de García Huidobro. Ella dijo que sí se trataba de él. Esta fue la prueba más fehaciente, dicen en la fiscalía, de la participación del licenciado en filosofía en el hecho.

Con eso, la investigación avanzó durante todo 2022 y 2023. Luego, el Ministerio Público detuvo a García Huidobro en Tirúa, el 27 de marzo de 2024. Al día siguiente, se realizó la audiencia de control de detención. Le imputaron los delitos de incendio en lugar destinado a la habitación y por robo con intimidación. Por eso, quedó en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia. Desde la defensa han retrucado esta forma de la Fiscalía de lograr formalizar al exjesuita.

García Huidobro fue representado en la primera etapa de su formalización por la abogada Laura Torres, de la Defensoría Penal Pública de la Araucanía. En un recurso de amparo interpuesto en abril de 2024, la abogada que representaba al exjesuita señaló que el 20 de febrero de 2024, el Ministerio Público había solicitado la orden de detención de García Huidobro al Juzgado de Garantía de Carahue, sin éxito. La respuesta del tribunal fue que no existían antecedentes para probar su participación en el hecho. Luego de esto, la Fiscalía apeló, y la Corte ordenó su detención, pero atendiendo a “la gravedad de los delitos investigados”.

Lo otro que señaló esa defensora en un recurso que elevó para impugnar la prisión preventiva de García Huidobro es que, si bien él sí tiene ojos azules y tez clara, los otros elementos que aportaron no son concluyentes. Dijeron que la testigo describió al atacante “como una persona de ‘1,75 a 1,80′ estatura que difiere de la que corresponde a mi defendido, quien mide 1,63″. Lo otro que criticaba ese recurso, era que solo con la declaración de un testigo protegido se pudiera fundamentar la prisión preventiva de un imputado.

El abogado Tomás Palacios, quien residía en Viña del Mar, conocía a García Huidobro desde la infancia, explican en la misma defensa. Por eso, a pesar de que Palacios se estaba dedicando a litigar en la región de Valparaíso y la Metropolitana, tomó el caso del exjesuita. La estrategia de defensa de Palacios siguió la línea de la defensora penal pública, yendo más allá: sostuvo que estaba fuera de norma fundamentar la prisión con un retrato hablado que iba aumentando en detalles en cada nueva ocasión que era realizado. Aunque la fiscalía interpreta esto de otra forma.

“Esa primera declaración a Carabineros se da en un contexto en estado de shock, en el sitio del suceso -dice una fuente de fiscalía-. En investigaciones así de complejas, nunca nos quedamos con la primera declaración. Por lo general esperamos la que entrega al personal especializado que luego se la toma con calma”.

Lo otro que dice esta fuente en reserva: “La defensa habla de que no coincide la estatura. Pero si una persona no puede distinguir bien la estatura de una persona, es parte de la dinámica de cómo las personas expresan las características de una persona. Por eso, esa variación no es relevante. El imputado pudo haber estado sobre una variación de terreno, por ejemplo”.

García Huidobro también declaró el 25 de septiembre. Dijo que no estuvo en el lugar ese día, sino que se encontraba en Tirúa y Quidico, haciendo compras. Que tenía cartolas bancarias que lo sostenían. Que hizo compras en una bencinera y un negocio de la zona a la misma hora del ataque.

Pero un investigador que conoció la causa retruca esto. “Esa es la estrategia de defensa de ellos. Y es válido decir eso. Pero no quiere decir nada mostrar una cartola bancaria, ya que la tarjeta la pudo haber utilizado cualquier otra persona que haya tenido acceso a ella”.

Otro punto en el que chocan ambas partes: la defensa indica que el set fotográfico que le exhibieron a la testigo protegida constaba de 20 fotografías. Una de ellas era la de García Huidobro. Así, la testigo reconoció al exjesuita. Pero, dicen, las otras fotografías correspondían a personas con facciones muy distintas a las de García Huidobro, que tiene rasgos más bien finos.

La fuente de fiscalía también responde a esto. “La testigo en dos oportunidades da características del sujeto que después reconoció en un set fotográfico, de veinte fotografías. Ahora, que a la defensa no le gusten las fotografías que colocaron en el kardex, es cosa de ellos”. García Huidobro también negó haber estado en Carahue en ese momento a través de varios comunicados.

“Nunca he estado en tal “Fundo Casa Blanca”, ni sé en dónde está ubicado (...) No pertenezco ni he pertenecido en el pasado a la organización WAM (...). No puedo juzgar a la persona que me acusa, y cuyo único testimonio me tiene aquí, pues no sé nada de ella. No sé si fue inducida por la policía, si estará mintiendo deliberadamente, o si acaso está en un error del cual ella misma esté honestamente convencida”, dijo en una declaración pública difundida en abril de 2024, luego de su última detención.

El problema que terminó por sepultar el caso llegó después: la pérdida de la prueba más importante.

La testigo del caso, la que dijo haber visto a un hombre de ojos azules sacarse la capucha, decidió no seguir testificando. Una fuente de la investigación dice que en vísperas de llevar la causa a un juicio oral, los persecutores trataron de convencer a la testigo que entregara su testimonio en esa instancia. Pero la mujer, que estaba dentro del Programa de Atención a Víctimas del Ministerio Público, dijo que no: que temía por su integridad.

“Nos dijo que tenía miedo -explica un fiscal-, que estaba con un tratamiento psicológico por problemas de salud mental. Y era nuestra testigo estrella. Teníamos antecedentes para llevar adelante la acusación, pero también tenemos el deber de protegerla. Por eso, privilegiamos la decisión de la testigo, que lo pasó mal desde el minuto uno”.

Con eso sobre la mesa, el 12 de diciembre de 2024, se desarrolló la audiencia de no perseverar en el Juzgado de Garantía de Carahue. Allí, la fiscalía cedió y decidió no seguir con el proceso penal. La Delegación Presidencial siguió la decisión de la Fiscalía. Así, el mismo Juzgado de Garantía de Carahue, el que decretó su prisión preventiva, dejó sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre García Huidobro, así como también su formalización. El exjesuita ya estaba en libertad.

Eso sí, la postura de la Fiscalía es que si bien no perseveró en el caso, esto no quiere decir que consideren que García Huidobro es inocente, ya que aún no es sobreseído.

La explicación tiene que ver con lo que dicta el Código Procesal Penal: al no haber una sentencia absolutoria, técnicamente García Huidobro no ha sido decretado inocente. Esto permite que, si se llegan a encontrar nuevos antecedentes contra él, el Ministerio Público pueda solicitar reabrir la causa. Esto será apelado por su defensa ante la Corte de Apelaciones de Temuco, buscando que ésta decrete su sobreseimiento definitivo.

El fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, César Schibar, defiende la labor del fiscal González. Dice que la fiscalía entendió que la carga probatoria sin el testimonio no era conveniente para ir a juicio oral. También defiende la prueba aportada: “Una prueba testimonial de un testigo directo es una prueba importante. No la calificaría como una prueba blanda. Recordemos que hay muchos delitos que se resuelven donde solo existe la declaración de una víctima o testigo. Aquí existió una víctima que lo identificó y por lo tanto era una prueba absolutamente relevante”.

Para la defensa de García Huidobro, encabezada por el abogado Tomás Palacios, aún es insólito que una persona, por una declaración de un testigo protegido, haya pasado seis meses en prisión preventiva.

El exdecano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO y doctor en Comunicación, Carlos del Valle, estudió a fondo una serie de sentencias por investigaciones que llevó adelante la Fiscalía en la región de la Araucanía. Dice que si bien desde el caso de montaje en la Operación Huracán la persecución penal en la Araucanía subió su estándar, este caso es una muestra del espacio que tiene por mejorar la persecución penal en la zona.

-Hay una serie de estrategias que se repiten. Una de ellas es, por ejemplo, la incorporación de ciertos testimonios y testigos que tienen varios niveles de contradicción, pero que terminan igual siendo usados a la hora de tomar alguna decisión -dice del Valle-. También vemos que se le atribuye una mayor veracidad a testimonios que no vienen del mundo mapuche, en desmedro de varios que sí pueden venir desde personas que son miembros de ese grupo.

Cercanos a Luis García Huidobro lamentan la forma en que se llevó el proceso judicial. También señalan que sus meses en la cárcel fueron duros y que todo esto le ha traído problemas económicos y un desgaste emocional. El exjesuita fue contactado para este reportaje, pero prefirió no entregar declaraciones. El defensor de García Huidobro, en tanto, interpuso una querella criminal contra todos los funcionarios públicos que resulten responsables.

Allí, acusa lo expuesto en las formalizaciones: que a pesar de que en la primera declaración ante Carabineros la testigo dijo no haber “visto la cara a alguno de ellos, ni tampoco estar en condiciones de reconocer a su agresor”, 70 minutos después, declaró ante la PDI que se levantó la capucha.

“El informe policial del 10 de marzo del 2022, de la BIPE de la PDI de Temuco, señala que esa (ante la PDI) es la “primera declaración” del testigo protegido, lo que no es efectivo, y de pleno conocimiento del fiscal titular a cargo de la investigación”.

La querella acusa los delitos de “obstrucción a la investigación, faltar a la verdad en un informe policial”, y de “espionaje informático”. Lo otro que pidieron mediante un oficio a la Fiscalía Nacional, es que se designe un fiscal regional para indagar las posibles irregularidades en la investigación.

Pero la fiscalía no piensa así. “Cada prueba tiene que ponderarse por sí misma. Esta persona fue testigo de los hechos, declaró dos veces e hizo un reconocimiento fotográfico -dice un investigador del caso-. Frente a eso, ¿qué podemos hacer? No vamos a dudar de un testigo”.

Desde la PDI prefirieron restarse de entregar declaraciones por tratarse de un proceso judicial en curso. García Huidobro es hasta hoy el único sospechoso que ha sido identificado por el ataque del 25 de octubre en Carahue.