La Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Educación de Valparaíso, salió a responder a las críticas y oficios enviados al gobierno por la suspensión de clases en 27 establecimientos en la región el próximo jueves 1 de junio debido a la cuenta pública que rendirá el Presidente Gabriel Boric, y aseguraron que tal medida se tomó por una solicitud de Carabineros.

A través de un comunicado, desde la Seremi de Educación afirmaron que “la solicitud de suspensión de clases por la realización de la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric Font, a realizarse el jueves 01 de junio de 2023 en el Congreso Nacional, surge por parte de Carabineros de la comuna de Valparaíso, quienes, mediante resolución, dan cuenta de la logística que supone un evento de esta magnitud, la que incluye desvíos de tránsito, instalación de barreras de contención de público y creación de filtros de control”.

En ese sentido, recalcaron que la decisión se tomó en 27 centros educacionales de un total de 176 colegios. “Para resguardar la seguridad de las comunidades educativas, el traslado de estudiantes desde sus hogares hasta los centros de estudio y apoyar las medidas de contingencia que se implementarán durante ese día, la Seremi de Educación decidió acoger esta solicitud y autorizar la suspensión de clases de 27 establecimientos educacionales -de un total de 176 recintos educativos-, por encontrarse dentro del perímetro en donde se llevará a cabo la actividad”.

También destacan la suspensión se implementa desde el año 2017, cuando se estableció el cambio de fecha para la cuenta pública presidencial desde el 21 de mayo al 01 de junio y afirman que la determinación no afecta a los establecimientos fuera del perímetro.

Durante la jornada, un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) ofició al Presidente Gabriel Boric, por considerar que la medida afecta los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En esa línea, los diputados Andrés Celis, Marcia Raphael y Hugo Rey, oficiaron al Mandatario, para que emita un pronunciamiento respecto a las medidas tomadas para la realización de la cuenta pública.

“Estas medidas han afectado los derechos y las libertades de miles de niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad que han sido privados de su jornada educativa y de los servicios estatales que reciben a través del sistema educacional”, argumentan en su oficio.

En el documento, añaden que “es preocupante que cada vez que hay ceremonias oficiales que involucran al Presidente de la República, la seguridad y la avanzada presidencial busque alejar a la ciudadanía, no solo en un afán de resguardar la integridad de los funcionarios de gobierno, sino además en una intención evidente de censurar y evitar el libre ejercicio del derecho a la manifestación por parte de quienes se muestra contrarios a la gestión del gobierno”, por lo que advierten que “si el Presidente siente temor o está procurando mantener distancia respecto de la ciudadanía, debiese explorar fórmulas legislativas para generar mensajes o rendiciones de cuentas por vía telemática o en caso contrario aceptar las reglas de la democracia y concurrir al parlamento sin la necesidad de perturbar el libre desenvolvimiento de la comunidad, limitando el ejercicio de derechos fundamentales por parte de niños, niñas y adolescentes de la comuna de Valparaíso”.

Sin embargo, los cuestionamientos no solo vienen desde la oposición, ya que, el diputado (ind-Radical) Tomás Lagomarsino, también envió un oficio, pero en su caso al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

En su escrito, el legislador afirma que, tras conocer los desvíos y cierres perimetrales, “parece poco razonable la cantidad de colegios que deberán cerrar sus puertas en dicha jornada”.

Agrega que “conociendo la voluntad y énfasis del Presidente de la República en el tema educacional, no me parece concordante la medida que habría autorizado la Secretaría Regional con la visión del gobierno”, por lo que solicitó un informe con las “razones” por las que se adoptó la suspensión de clases. También solicitó se informe de cómo se recuperará el día de clases perdido por los estudiantes y cómo se hizo entrega de las colaciones de la Junaeb al grupo beneficiado.

Desde la Comisión de Educación del Senado, también criticaron la determinación del Ejecutivo. La senadora Yasna Provoste (DC) junto a su par Gustavo Sanhueza (UDI) concedieron un punto de prensa desde el Congreso cuestionando la determinación.

La senadora Provoste afirmó que “como integrantes de la Comisión de Educación del Senado queremos mostrar nuestra preocupación. Resulta desproporcionado, resulta la verdad para nosotros, inexplicable, que frente a la situación tan compleja que hoy se vive en el sistema escolar de ausentismo, se promueva que 27 establecimientos educacionales de Valparaíso el próximo 01 de junio, en el marco de la cuenta pública del Presidente de la República, suspendan sus clases”.

“Nos parece que esta medida, esta mala medida, se aleja de un esfuerzo nacional que tenemos que hacer y es por eso que hoy, quienes tenemos una distinta postura ideológica, pero tenemos un solo compromiso que es fortalecer a la educación pública, la suspensión de 27 establecimientos educaciones (...) nos parece que es un despropósito y no se ajusta al esfuerzo nacional que tenemos que hacer por la recuperación y reactivación educativa”, añadió la senadora por la Región de Atacama.

En tanto, el senador Sanhueza manifestó que “sorprende la liviandad con que el último tiempo se suspenden las clases en el país, por diferentes motivos: por funerales de narcotraficantes y hoy por la cuenta pública del Presidente de la República. Este es un hecho inédito. Que yo recuerde no se había suspendido las clases por un discurso presidencial”.