“Por la defensa de nuestros derechos”. Con esta frase, la Mesa del Sector Público, conformada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) convocó para las 9.00 horas de este martes 12 de noviembre a una movilización nacional en contra de la contralora general Dorothy Pérez, por un dictamen que estableció un nuevo criterio para los funcionarios a contrata.
La resolución N°e561358/2024 establece que el ente fiscalizador se abstendrá de pronunciarse sobre las renovaciones de contratos en el sector público, las cuales están sujetas a la confianza legítima.
Este principio establece que los trabajadores tienen una expectativa de continuidad en sus empleos, cuando sus contratos se renuevan de manera continua, contribuyendo a su estabilidad laboral.
Desde la CUT acusan a la contralora de “abandono de deberes”, por lo que advirtieron que “los trabajadores y trabajadoras están en alerta”, invitando a todas las organizaciones del sector público, afiliadas y no afiliadas a la multisindical, a participar en esta manifestación, la que se realizará en las afueras de las oficinas del ente fiscalizador de todo el país.
Por su parte, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, explicó que este martes se presentará en Teatinos 56 una reconsideración con el objetivo de que “la contralora evalúe y conozca la posición sindical de nuestras organizaciones afiliadas”.
“Cada presidente y presidenta de las federaciones y confederaciones firmaremos esta reconsideración para ingresarla. Es un hito sindical, que es uno de los tantos que tenemos también a la vista y por supuesto esta publicación es de carácter ascendente. Como lo hemos dicho, frente a este dictamen vejatorio que nos tiene molestos y también ocupados de una estrategia sindical, no descartando cualquier otro instrumento que estamos evaluando también con nuestras afiliadas y afiliadas”, argumentó.
Cabe señalar que los gremios interpretan el dictamen de la Contraloría como un retroceso en la protección de los derechos laborales de los funcionarios públicos, situación que las organizaciones sindicales consideran esencial en la regulación de la administración estatal.
Qué dice el dictamen de Contraloría
En el dictamen, Contraloría planteó lo siguiente, “debe anotarse que el solo hecho de tratarse de aspectos susceptibles de ser debatidos en sede judicial no constituye un fundamento para atribuirle necesariamente tal carácter, comoquiera que, en definitiva, toda cuestión puede ser objeto, eventualmente de discusión en el ámbito jurisdiccional”.
Y agregó que “no obstante, atendido el actual y reiterado criterio de la Excma. Corte Suprema y lo planteado por la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría general, antes citada, con el plazo de la vinculación funcionarial que daría origen a la confianza legítima, se advierte que tal materia devino en litigiosa”.
Asimismo, el organismo enfatizó en que la decisión sobre el plazo para generar la confianza legítima de los funcionarios es de competencia de los tribunales de justicia.
“La pretensión de los recurrentes en este tipo de asuntos es que se declare que a su respecto se ha configurado la confianza legítima, atendiendo el lapso de su desempeño a contrata, , y por otra, que las respectivas entidades públicas han entendido, en contrapartida, que a dichos servidores no les asiste tal protección, dando lugar a una controversia cuya resolución compete a los Tribunales de Justicia, lo cual se confirma, además, por las múltiples acciones jurisdiccionales intentadas y actualmente en curso”, indicó.
En este sentido, desde el ente fiscalizador se esgrimió que el fundamento central y primordial de la abstención está contenido en el artículo 6 de la Ley 10.336, sobre organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, la cual prohibiría al organismo intervenir en asuntos de naturaleza litigiosa, puesto que la mayoría de las reclamaciones en la materia se encuentran en otros tribunales, los que tienen un criterio distinto a Contraloría.
“La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al contralor. De acuerdo con lo anterior, sólo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa en las materias a que se refiere al artículo 1°”, señala la normativa.
