La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) junto a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), durante la mañana de este lunes se sumaron a la movilización en la Plaza de la Constitución, impulsada por los gremios de La Moneda, para exigir la salida de Antonia Rozas, directora administrativa de la sede del Ejecutivo. La manifestación se da a casi un mes de la muerte de Hugo Morales, gásfiter que falleció mientras realizaba un turno de 18 horas.
El funcionario de 63 años murió producto de un paro cardíaco, y desde entonces, se han intensificado los reclamos hacia Rozas por las prácticas laborales en el Palacio Presidencial. En octubre, la ANEF ya había solicitado la salida de la encargada.
En esta manifestación, la CUT remarcó que la petición respecto a la directora se debe por “su responsabilidad jurídica y administrativa en el caso del fallecimiento de Don Hugo Morales, trabajador que fue vulnerado y explotado al trabajar incansables horas extras, transgrediendo cualquier normal legal y moral en el mundo”.
Así las cosas, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia de la República (ANFUPRES), la Asociación Nacional de Funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia (ANFUNSEGPRES) y la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Hacienda (AFUNDHAR), entregaron un petitorio con una serie de puntos para mejorar las condiciones de trabajo, en particular, reiteraron que Rozas “como la máxima autoridad, es la encargada de velar por la administración, planificación, organización y seguridad de los trabajadores; sin embargo, su incapacidad para asumir esta responsabilidad quedó de manifiesto”.
En el documento que fue entregado al Ejecutivo requieren una pensión de gracia vitalicia para la familia de Morales “en virtud de su destacado compromiso y entrega con el servicio público, conforme al artículo 88 del Estatuto Administrativo”.
Además de esto, las agrupaciones apelan –entre otras cosas– al aumento de la disponibilidad presupuestaria para la contratación de personal estable, asignación especial para funcionarios de exclusiva confianza, investigaciones externa en casos de violencia de género, eliminación de prácticas antisindicales y establecer protocolos contra la violencia y el acoso en el trabajo.
