A las 23:59 de este miércoles venció el segundo plazo que dio la Dirección General de Aguas (DGA) a los agricultores del Río Aconcagua para presentar un plan conjunto de redistribución del recurso hídrico, que limitara sus horas de riego y permitiera llenar el embalse Los Aromos, que abastece al Gran Valparaíso -área metropolitana que incluye a la capital regional, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón- y al litoral norte de la región -Quintero, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y La Ligua-; así como disponer de un caudal continuo para el funcionamiento de cuatro plantas de la sanitaria Esval.
Según la empresa, al 6 de junio Los Aromos registraba 7,2 millones de m3 de agua, lo que representa un 20,3% de su capacidad. La meta de la DGA es que al 1 de septiembre alcance 25,38 millones y así garantizar la continuidad del servicio.
Pero los regantes no llegaron a acuerdo y ahora se prevé que el Estado intervenga la cuenca, tal como advirtió el pasado 16 de mayo, cuando les dio un primer ultimátum para presentar un plan de redistribución, el que no cumplieron. En un actuar dividido, los regantes enviaron dos acuerdos distintos.
El 27 de mayo, la tercera sección (provincia de Quillota, Olmué y Limache) propuso no sacar agua del río durante 112 horas, de lunes a viernes, y que la primera y segunda secciones (provincias de Los Andes y San Felipe) tampoco lo hicieran por 56 horas el fin de semana.
Por su parte, esas dos Juntas de Vigilancia -las primeras en extraer el agua que corre por el Aconcagua- presentaron otro acuerdo, el 31 de mayo. Allí plantearon que la tercera dejara de regar 132 horas en la semana y, ellas, por su parte, cerraran sus compuertas 36 horas en sábado y domingo.
Mientras los agricultores de Quillota querían regar 20 horas más, de lunes a viernes, que lo que proponían para ellos sus pares de Los Andes y San Felipe; estos, a su vez, querían extraer agua durante 20 horas más el fin de semana, respecto de lo planteado por los usuarios de la tercera sección del río.
En resumen, hubo una disputa por 20 horas de riego que no lograron conciliar.
Frente a ello, la DGA les dio una nueva fecha para presentar un plan: el 8 de junio, sin embargo, tampoco lograron llegar a un consenso.
Este martes, la primera sección del río envió una carta al director (s) nacional del servicio, Cristian Núñez, donde señaló que, “como siempre, manifestamos nuestra disposición a asegurar el abastecimiento del consumo humano, pero no podemos aceptar la redistribución en los términos impuestos por la tercera sección por las graves consecuencias que traería a nuestros usuarios” y que, dada la negativa a nuestra propuesta (de parte de los agricultores de Quillota), “damos por terminadas las conversaciones”.
En la misiva, el presidente del directorio de esa Junta de Vigilancia, Javier Crasemann, sostuvo que la tercera sección “pone condiciones que no corresponden en un contexto de emergencia” y que hace “una interpretación conveniente para sus intereses” respecto del dictamen número E210030 de la Contraloría General de la República.
La tercera sección “no está disponible. Condiciona el consumo humano a sus pretensiones”, dijo Crasemann a este diario.
La resolución del ente contralor, publicada el 4 de mayo de 2022, concluye que la redistribución impuesta por la DGA en 2021 “constituye una medida administrativa que ha de adoptarse en función de la disponibilidad total del cauce respectivo y de los derechos de aprovechamiento de todos sus usuarios”.
No obstante, según explica Santiago Matta, gerente de la tercera sección, los derechos de aprovechamiento de agua de su Junta de Vigilancia, así como de la primera, están avaluados en acciones, mientras que los de la segunda “están en caudal, por lo que se debe hacer una estandarización. Es algo que va a tener que definir la DGA con la nueva intervención”.
Sin un acuerdo entre los regantes, a partir de este jueves la DGA podría ordenar medidas específicas a las tres Juntas de Vigilancia del Aconcagua o, incluso, suspender sus atribuciones. Consultada al respecto, la dirección no emitió declaraciones.
Matta, por su parte, indicó que el nuevo Código de Aguas obliga a las Juntas de Vigilancia a pagar la intervención de la DGA, que estiman en al menos $ 1.100 millones, “entre sueldos, viáticos, horas extra, asesorías, la fiscalización permanente en las estaciones fluviométricas, más el monitoreo de los caudales, durante cuatro meses, lo que no correspondería a nuestra sección, puesto que cumplimos con todas sus exigencias”.
El gerente da por hecho que el servicio establecerá un nuevo plan de redistribución. Este, considera, permitirá a su sección extraer más agua del río que lo propuesto por sus pares de San Felipe y Los Andes.
