Familiares de Leonidas Bustos San Juan (87), funcionario de Carabineros (R) condenado por el homicidio de pobladores del sector de Portezuelo de la comuna de Quilicura en septiembre 1973, denuncian que su deceso se habría producido en medio de negligencias.

Como indicaron a través del abogado que los asesora, Bustos San Juan habría comenzado con dificultades respiratorias alrededor de las 3.00 de la madrugada del pasado jueves- cuando se produjo su muerte- por lo que habría solicitado asistencia médica.

Pese a ello, según sostienen, la ayuda llegó tarde. El relato de los familiares expone que cuando se solicitó la asistencia, en el penal no se encontraba la enfermera de turno, por lo que fue atendido por un paramédico que no lo habría examinado y lo habría enviado de regreso a su celda "a dormir"".

Más tarde, cuando nuevamente el personal médico habría llegado hasta el lugar, el hombre estaba inconsciente y en el recinto no había disponibilidad de ambulancias para trasladarlo hasta el Hospital Militar, donde se atendía regularmente.

Según la versión de la familia, a esto se agrega que durante la semana pasada, el ex funcionario policial no habría podido asistir a un control médico en el mencionado recinto asistencial, por falta de carro de Gendarmería para el traslado.

"Estamos recopilando antecedentes de lo sucedido. Buscamos esclarecer la real causa del fallecimiento de mi padre" dijo su hijo, Tomás Bustos, sin precisar mayores detalles sobre las accionas judiciales en curso.

La causa de muerte, como queda plasmado en el informe de la autopsia realizada por parte del Servicio Médico Legal, y al que tuvo acceso La Tercera, fue una bronconeumonía, inflamación de bronquios y pulmones producida por una infección, por lo sus cercanos consideran que si hubiese recibido la atención médica oportuna, la historia hoy sería otra.

Con estos antecedentes, la familia presentará mañana martes ante el Juzgado de Garantía de Colina una querella criminal "por el delito de homicidio culposo por omisión y por tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de todos los que resulten responsables". En la investigación, además, pedirán que forme parte el INDH y la Subsecretaría dé Derechos Humanos.

En la misma línea, solicitarán a Gendarmería que se inicie un sumario investigativo para esclarecer posibles irregularidades en el proceso.

Si bien reconoce que la investigación deberá determinar si hubo o no negligencias, para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, este caso 2grafica la realidad de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Llevaba pocos años cumpliendo condena, pasó su vida en la impunidad, muere de anciano y con todos los derechos que corresponden".

"Ellos han tenido la posibilidad y el derecho de recurrir, incluso después de fallecidos, a todas las instancias legales que se les permite por el estado de derecho en el que vivimos. No obstante, la situación vivida por nuestros familiares, por las víctimas de la dictadura cívico militar no fue la misma", agrega.

Pizarro subrayar el hecho de que "el paso de los años no tiene que ser razón para considerar víctimas a victimarios. No porque la gente envejezca, el análisis de un país tiene que ser que debe ser dejado en libertad".

Polémica por despedida "con honores"

Información que confirmó el abogado Raúl Meza a La Tercera, quien representa a reos que cumplen condena por violación a los DD.HH. en Punta Peuco, da cuenta de que personeros de las Fuerzas Armadas rindieron honores al féretro de Leonidas Bustos, cuando este salió del recinto penitenciario.

Además, en el lugar se realizó una unidad de formación con los 48 reos que cumplen condena en dicho penal por crímenes de lesa humanidad, instancia en la que entonaron la canción "Yo tenía un camarada".

Este hecho generó debate en redes sociales y el rechazo de quienes lo ven como un "acto de incitación al odio" que debe ser sancionado.

Ante esto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, asevera que "es un hecho extremadamente grave. Dentro de nuestras demandas está la democratización de la doctrina de las Fuerzas Armadas, y está también generar una legislación nueva que transforme estas nuevas generaciones. A ellos se les orientan a que genocidas y violadores de derechos humanos se les debe rendir honores, no que debieron ser degradados y sindicados como una vergüenza a lo que es cualquier hombre de armas en Chile".

"Esto demuestra unas Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, siempre han estado muy ligados a genocidios", añadió Lorena Pizarro.