Pasadas las 12.00 de este lunes, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, llegó hasta la Fiscalía Nacional para reunirse con el titular del Ministerio Público, Jorge Abbott. ¿El tema? El que más impacto causó el fin de semana en el gobierno y el ente persecutor: dos imputados que portaban más de un centenar de munición para armas y tres pistolas fueron liberados, luego de que el Juzgado de Garantía de San Antonio decretara que su detención había sido ilegal.
La molestia, tanto del gobierno como de la fiscalía, radica en la resolución del juez de garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, quien argumentó que el registro del automóvil de los imputados, Manuel Olivares (56), quien fue detenido este lunes por una investigación por tráfico de armas y drogas, y Nelson Cerda (26), no se ajustaba a derecho, pues el control de identidad practicado no les entregaba esa facultad.
Los antecedentes del caso llegaron a oídos del ministro del Interior, quien inmediatamente, el viernes, se comunicó con el general director de Carabineros, Hermes Soto, para conocer más detalles del procedimiento. Un día después, el gobierno se querelló contra los imputados, quienes estaban en libertad desde el miércoles.
El juez, en tanto, se defendió. Señaló a medios regionales de San Antonio que su decisión se ajustaba a la norma y que "el tribunal entendió que la policía no tenía ningún indicio para un control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal (…). Se declaró ilegalidad de la detención por haber un exceso en el actuar policial".
El artículo citado por Flores es el control de identidad preventivo, el que faculta a las policías a controlar la identificación de cualquier persona, sin indicios ante la presunta comisión de delitos, pero que no les permite registrar a los requeridos.
Entonces, ¿qué falló en este caso? ¿Fue la legislación que rige el control de identidad o el criterio del juez?
Para el senador PPD Felipe Harboe, "la ley está bien hecha y debe dejar espacio para la interpretación judicial. El problema son los descriterios y la falta de accionar del fiscal, porque aquí la ley permitía evitar esas libertades, pero el fiscal no ejerció sus facultades adecuadamente, si eso era lo que buscaba". En esa misma línea, su par RN, Andrés Allamand, manifestó que "falló el criterio del juez. La detención fue apegada a derecho e incluso, aún considerándose ilegal, debió formalizarse a los delincuentes y adoptar medidas cautelares en su contra".
El profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas, planteó que efectivamente Carabineros se excedió en sus facultades, pero advirtió en la necesidad de criterio del juez.
"Para poder hacer una requisa a una persona tiene que haber una causa probable que lo justifique y la discusión en este caso es si haber cometido una infracción de tránsito, justifica el que haya habido esa revisión después, donde aparecieron las armas. La interpretación del juez, a mi juicio, es excesivamente restrictiva (...). Este es un asunto que no está taxativamente zanjado, es una cosa que requiere interpretación", dijo Vargas.
Sin embargo, también hay quienes consideraron correcta la aplicación de la norma. La abogada penalista y ex defensora nacional, Paula Vial, consideró que "en principio, pareciera que se le dio tratamiento de control de identidad que tiene exigencias, y considerando que no cumplía con lo que la ley señala, ni tampoco estaban en una situación de flagrancia, el juez consideró que era ilegal y eso trae consigo que toda la evidencia que se incaute en la diligencia sea también ilegal".
Por su parte, el abogado Julián López señaló que "el juez actuó correctamente al resolver la ilegalidad de la detención, ya que lo que le correspondía era revisar si el procedimiento seguido era legal y no si el resultado fue bueno o malo". En ese sentido, el jurista, consultado y puesto en el escenario que en la maleta del auto se hubiera encontrado, por ejemplo, un cadáver, indicó que "desde el punto de vista del sistema, es muy importante que las policías respeten los procedimientos porque, de lo contrario, lo que obtienen es prueba ilícita que no resulta válida para ser usada luego en el juicio oral".
Es justamente ese punto el que Chadwick abordó con Abbott: por qué no se pidió formalizar o apelar de inmediato a la resolución. El ministro del Interior señaló que "si el juez no encontró que eso fue una situación sospechosa, y por eso decretó ilegal la detención , la fiscalía sí podía haber pedido la formalización de inmediato y haber evitado con eso de que la personas hubiesen quedado en libertad".
La vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, explicó los motivos por los cuales el fiscal Álvaro Mancilla no pidió la formalización inmediata. "El juez ya dijo que para él, de acuerdo a su criterio, primaba la Convención Americana de DD.HH. del pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto, los imputados simplemente quedaban en libertad. Según la interpretación del juez, no procedía (pedir de inmediato la formalización), para nosotros sí", explicó la abogada, quien agregó que la fiscalía apeló a la ilegalidad de la detención el fin de semana.
Por último, el ministro del Interior reiteró las críticas al juez: "Es realmente indignarte para la ciudadanía que se pueda dejar en libertad a dos personas cuando carabineros en un control descubre que al interior de su vehículo había diverso armamento".
Otro elemento que marcó este caso es que no fue considerado en la audiencia el nutrido prontuario policial que tenía Olivares. Ante esto, la fiscalía explicó que están trabajando en un sistema para que los fiscales tengan esta información en las audiencia de control de detención.
