“No le tengo miedo a la ciudadanía”. Así anunciaba Irací Hassler (PC), alcaldesa de Santiago, la realización de una consulta para determinar si su comuna recibirá en marzo el festival musical Lollapalooza. “Mi postura es que sea la ciudadanía quien decida (…), que se haga una consulta sobre un tema que ha generado ruido en distintas aristas”, decía además la autoridad.

Aunque criticada por algunos, la iniciativa que propone la edil para decidir la postura que adoptará el municipio no es un fenómeno nuevo: en Limache se consultó por los fuegos artificiales de Año Nuevo; en La Reina, por retomar las clases presenciales, y en La Araucanía, por mantener el estado de excepción. Los ejemplos abundan.

“Hay que entender lo que ha venido ocurriendo en el sistema político y que tiene que ver, en primer lugar, con el desacople entre los representantes y la ciudadanía”, señala Raúl Burgos, doctor en Historia y académico del Instituto de Historia de la U. Católica de Valparaíso, quien agrega que en algunos estudios “se ha visto desconfianza en las instituciones y autoridades que tienen que tomar decisiones, por lo que, en algunos casos, estas iniciativas vienen a tratar de ofrecer alternativas a la democracia que hemos conocido”.

De todas formas, el también experto en política chilena advierte que estos mecanismos, aun cuando pueden resolver cosas puntuales de consulta, “no resuelven el problema de la representación”.

Eolo Díaz-Tendero, director del Observatorio Transparencia, investigador de la U. de O’Higgins y experto en políticas públicas, concuerda: “En Chile hay un debilitamiento de las instituciones tradicionales de democracia representativa y desde ciertas líneas políticas algunas autoridades están viendo que es un mecanismo más directo para saber la opinión sobre la cual tomar decisiones”. Y añade que, a su juicio, “se basa en cierta desligitimidad de algunas instituciones democráticas. A partir del 18 de octubre de 2019 esta tendencia se instala con más fuerza; la intermediación por elecciones ya no basta”.

Para Ana Parraguez, académica de la Escuela de Trabajo Social de la U. Católica y especialista en política de espacio, micropolítica y movimientos sociales, el fenómeno podría tener que ver con “el recambio de los líderes comunales, donde hay recambio de opiniones y con ello una nueva forma de entender la participación ciudadana, donde tiene mayor legitimidad la incorporación de la opinión de las personas”.

En ese entendido, la experta cree que la clase política “se ha dado cuenta de que si no incorpora a las personas, pierde legitimidad. Desde el estallido social la ciudadanía está muy pendiente de cómo se toman las decisiones, y antes, por muchísimos años, no se los incorporaba”.

Además de los ya expuestos, Isla de Pascua es otro ejemplo cercano en el tiempo. En Rapa Nui realizaron una consulta ciudadana el mes pasado para decidir si reabrían el turismo y triunfó, con un 66,7%, la opción por el ‘no’.

Así, Pedro Edmunds Paoa, alcalde de la comuna, explica las motivaciones para optar por este mecanismo. “Históricamente en Rapa Nui las cosas se hacen de esa manera”, expone el edil, quien agrega que en todos los períodos en que ha liderado a los suyos han existido estas consultas, las que normalmente se hacen bajo la figura de cabildos. “Con eso uno puede elaborar las políticas de forma tranquila, todo ha sido transparentado a la comuna y no es un respaldo relativo, es tácito. Eso te hace trabajar con tranquilidad en todos los objetivos”, argumenta la autoridad.

“Más que creer en las consultas, son el ejercicio mismo de la democracia para el ciudadano”, añade, antes de exponer que estos procesos han ganado terreno porque “dentro de nuestra nueva democracia sigue haciendo falta un espacio donde el ciudadano pueda expresarse y ser escuchado, y que eso sea vinculante para las autoridades”.

Pero, ¿en qué momento y hasta qué grado se deben realizar estas consultas? “Hay condiciones que se deben cumplir, porque los ciudadanos no están 100% dedicados a acompañar la toma de decisiones, por algo entregan el poder en las elecciones”, dice Díaz-Tendero. Entonces, agrega, resulta importante que la ciudadanía “logre comprender lo que está en juego y que estén las condiciones de participación”.

La socióloga Ana Parraguez, por su parte, cree que primeramente es importante comprender qué significa una consulta ciudadana: “Es un valor, un medio y un derecho. La participación ciudadana es un medio y las autoridades no solo se dan cuenta de que pierden legitimidad, sino que toman mejores decisiones públicas”.

Burgos, en tanto, cree que antes de eso hay que preguntarse “por qué algunas autoridades rehúyen su rol” e intenta él mismo encontrar una respuesta: “Muchas autoridades sienten que éste puede ser un buen mecanismo para recuperar cierta adhesión ciudadana, pero uno no puede estar haciendo consultas recurrentemente, porque puede generar letargo y no se van a tomar decisiones. Hay que evaluar si ese tipo de decisiones para los más mínimos temas son necesarias”.

En la consulta de la Isla de Pascua se decidió no reabrir el turismo y participó casi un 15% del padrón, mientras que en la de La Araucanía, donde la preferencia amplia fue por mantener el estado de excepción, participó un 16,4% del padrón. En tanto, en la de Limache, que decidió no tener fuegos artificiales para Año Nuevo, la participación apenas llegó al 8%.

“Tampoco se trata de hacer consultas en cualquier formato, hay que pensarlas”, advierte Parraguez, quien asegura que, además, hay que entender cómo surgen estas consultas, si por presión popular o por iniciativa de tal o cual autoridad. “Muchas veces viene de estos últimos, de intereses específicos, entonces hay que analizar la forma de su diseño para preguntar, porque si no tienen sesgos; tienes que hacer buen diseño para que sea representativa”, agrega. Y argumenta: “La inversión en esta consulta puede ser menor que el costo de hacer algo sin consultar a la ciudadanía”.

En esa línea, Burgos, el académico de la PUCV, expone que las consultas podrían ser frágiles si no se desarrollan con todas las condiciones que se aplican en las elecciones generales, con posibilidad de campañas, que las personas puedan informarse, con resguardo de que haya influencias en las decisiones. “Hoy eso no está”, asegura, antes de añadir que, por lo mismo, “hay que reflexionar y preguntarse como país si podemos avanzar hacia estos mecanismos de consultas”.

A su vez, Díaz-Tendero, exdirector de gestión de políticas públicas de la Presidencia, cree que si no se dan las condiciones adecuadas para estas consultas “pueden encontrarse sesgos de autoselección”. Y añade: “Puedo terminar consultando a los que siempre participan o a los que tienen interés en responder”. Por eso, cree, debería haber ciertos estándares mínimos de participación para que las decisiones sean vinculantes. “No cualquier consulta es válida, no por el hecho de consultar se genera un elemento legítimo”, expresa.

Y cierra: “Claramente estamos en un proceso de aprendizaje de cómo se hacen estos procesos de consultas, habrá ensayos y errores. Hay que formalizar estas situaciones, con algún organismo que fiscalice, que sean más normadas y reglamentadas. Incluso, debería tener algún impacto en la discusión de la Convención”.