Por primera vez en 38 años el Consejo de Rectores (Cruch), órgano coordinador de la educación superior, admitió a dos nuevos integrantes: las universidades Diego Portales (UDP) y Alberto Hurtado (UAH), cuyos rectores, Carlos Peña y Eduardo Silva, respectivamente, debutaron este jueves en el organismo, en la antesala de la reunión que la misma instancia tendrá la próxima semana.

Pero sus ingresos se producen en medio de la amenaza de crisis que la gratuidad generaría en algunas instituciones, porque este beneficio no cubre los costos reales de las carreras y porque 67 mil alumnos han perdido este apoyo desde 2017, por retrasarse en sus carreras, condición no se condice con la realidad que viven muchos jóvenes que deben extender sus estudios.

Por ello, los nuevos integrantes del Cruch advierten que el gobierno debe abrirse a modificar la ley. "Cualquier iniciativa que busque resolver alguno de estos problemas tiene como interlocutor al gobierno. Y tengo la impresión de que el gobierno, aunque inicialmente no empujó la gratuidad, acabó persuadiéndose de sus bondades, por lo que está alerta de esto", dice Carlos Peña, quien advirtió que no hay excusas para no abordar el tema. "Ningún gobierno puede pretender que si la ley se aprobó antes de que asumiera, el problema que ella suscita no le pertenece. Los gobiernos están para gobernar, con todas las leyes que están vigentes, aunque se revelen defectuosas. El Ejecutivo no puede eludir el problema y su deber es proponer una solución. Y el Cruch va a colaborar", dice.

Su par, Eduardo Silva, plantea que "sería muy contradictorio que la ministra esté preocupada de modificar el Sistema de Admisión Escolar (que fue aprobado en el gobierno anterior)" y se desentienda de esta otra ley. "Esa es parte de la tarea de gobernar. Tenemos políticos responsables en Chile", dice.

Agenda del sector

Con el ingreso de la UDP y UAH, el Cruch quedará compuesto por 29 planteles, que representan a 350 mil estudiantes, más de la mitad de la matrícula de las universidades. Pero también ingresan con una amplia agenda de temas que les gustaría abordar este año.

Entre estos están el cambio de los plazos del nuevo modelo de acreditación y la creación de un sistema que reemplace al CAE, lo que está siendo abordado con proyectos en el Congreso.

Pero Silva cree que también hay espacio para discutir sobre cómo los estudiantes con gratuidad debieran hacer una devolución de ese beneficio, para contribuir al funcionamiento del sistema, y también revisar el financiamiento a la investigación. "Nació un nuevo ministerio, el de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y hay que ver cómo puede aportar a los bienes que las universidades damos", comenta.

Peña sugiere que, además de revisar el déficit en el financiamiento, hay que ocuparse de los cambios a la PSU, para ver "cómo compatibilizar las inequidades del sistema escolar con una prueba estandarizada que mide conocimientos (...). Estamos presos de la ilusión absurda de que se clausuraron los problemas de la educación superior, pero se han abierto otros".