Decretan prisión preventiva a directivos de fundaciones FOLAB y EDUCC imputados de defraudación por $730 millones al GORE de La Araucanía

Este sábado, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva para dos directivos de fundaciones FOLAB y EDUCC, imputados por apropiación de $730 millones de pesos que habían sido entregados por el Gobierno Regional de La Araucanía, y que estaban destinados a programas de micro emprendimiento de mujeres jefas de hogar de Temuco y Padre las Casas, en la Región de La Araucanía.

Por los delitos de administración desleal y lavado de activos fueron formalizados los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz Rivera, luego de hacer desaparecer de sus cuentas bancarias el monto antes mencionado, en la causa conocida como “Caso Manicure”, tras la presentación de una querella por parte del equipo jurídico del gobernador Luciano Rivas.

Los dineros que se les entregaron a las fundaciones dirigidas por Rinett Ortiz, estaban destinados para el desarrollo de cursos de corte de cabello, masoterapia, colorimetría, manicure y pedicure, los cuales nunca se habrían llevado a efecto por los imputados y que estaban destinados a 200 mujeres jefas de hogar, los que incluían un kit de herramientas y productos por $2 millones de pesos, para la instalación de micro emprendimientos.

Luego de la denuncia, se decretó el arraigo, la intervención de teléfonos, cuentas bancarias tanto de las fundaciones como las de los imputados por los equipos especializados de la PDI tras orden judicial.

Al respecto, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que “una de las principales diligencias que se hicieron horas después de la indagatoria fue justamente congelar las cuentas de estas personas, desde donde se habían transferidos los fondos desde el Gobierno Regional, pudiendo constatar que los montos que se encontraban en esas cuentas eran prácticamente inexistentes, y hacían imposible el cumplimiento de las obligaciones que pesaban sobre las fundaciones, y por lo tanto, dan cuenta del hecho ilícito”.

El persecutor agregó que “los montos que se lograron retener inmediatamente después de iniciada la indagatoria, son montos mínimos en comparación con los $700 millones que se trasfirieron a las fundaciones y que de ninguna manera permiten que la fundación pueda cumplir o ejecutar los programas en los términos en que fueron establecidos”.

Por su parte, el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Cornejo agregó que hasta el momento se han podido pesquisar algunas cuentas bancarias con diversas transferencias de los imputados.

“Lo que se ha podido establecer de manera preliminar, es que los montos que fueron objeto de defraudación ascienden aproximadamente a $632 millones de pesos. En relación con el detalle de lo que se mantiene en la actualidad en las cuentas bancarias, en una de las cuentas que estaban dispuestas para el cumplimiento de los programas, había exiguos $2.700, en la otra, había poco más de $20 millones de pesos”.

Por lo anterior, el magistrado Alfredo Cox resolvió que la libertad de ambos imputados era un peligro para la seguridad de la sociedad, y además se consideró el riesgo de una eventual fuga, por lo que se decretó la medida cautelar más gravosa, y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.