El 1er Juzgado Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 22 imputados por el megafraude tributario que alcanza los $240 mil millones.
El lunes empezó a desarrollarse la formalización de la Fiscalía Occidente por el fraude “más grande de la historia”, donde 55 personas fueron detenidas en nueve regiones del país.
La fiscalía indaga a seis “clanes” que habrían sido liderados por José Antonio Pavez Canessa. Utilizando 16 sociedades de “papel”, que operaron entre 2014 y 2020, emitieron 100 mil facturas ilegales, generando operaciones comerciales de 3.308 proveedores inexistentes.
Los detenidos creaban empresas fantasmas en rubros de servicios, construcción y exportación con un objetivo de defraudación y emitían documentos tributarios con información falsa para pagar menos impuestos y obtener devoluciones fraudulentas.
La fiscalía indaga delitos tributarios, además de asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.
“Como fiscalía estamos satisfechos con el resultado. Estamos satisfechos con que el Juzgado de Garantía haya considerado nuestros elementos de imputación para poder dar por acreditada la existencia del delito y la participación de los imputados”, dijo el fiscal Eduardo Baeza.
La fiscalía había pedido prisión preventiva para 25 imputados. Pero el Tribunal decretó que tres de ellos quedaran con otras medidas, como arresto domiciliario. Sin embargo, el fiscal Baeza apeló de esa resolución y será resuelto por la Corte de Apelaciones.
Se fijaron seis meses de investigación.
El martes se conoció que, en 2018, el contador Galvarino Manuel Corral Abarca, dueño de la empresa Security and Services, acudió hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente para presentar una autodenuncia en torno a delitos económicos. Según su relato en ese entonces, habría tenido una presunta participación en facturas ideológicamente falsas para bajar la carga impositiva de algunas empresas. Esa fue la génesis del caso.
El Ministerio Público derivó los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, pese a que la fiscalía contaba con el relato, no pudo iniciar una investigación de delitos tributarios debido a que el SII no presentó una querella y archivó el caso.
