Este viernes se decretó la prisión preventiva para dos miembros de la facción del Tren de Aragua, Los Piratas de Aragua, que están vinculados al crimen del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en febrero del año pasado.

Entre ellos se encuentra el conserje que trabajaba en un edificio de la comuna de Ñuñoa, Julio Iglesias, un sujeto de nacionalidad colombiana, quien habría participado luego de la muerte de Ojeda, colaborando con enterrar el cuerpo en una toma de Maipú. A Iglesias se le imputó el delito de secuestro con homicidio.

Anthony Barboza también cumplirá con la medida cautelar, aunque el sujeto ya se encuentra recluido en la cárcel Santiago 1, por otros hechos delictuales.

Durante la audiencia de formalización se detalló que los sujetos partes de esta banda que cometía secuestros y homicidios, disponían de tres viviendas para cometer sus crímenes. Una de ellas se ubicaba en la toma Santa Marta de Maipú.

Una vez concluida la audiencia, el fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Héctor Barros, detalló que “tenemos tres domicilios que son los que están vinculados en esta causa como casas de cautiverio y de tortura y ejecución en algunos casos y que están básicamente ubicadas en la comuna de Maipú: en Rinconada; el campamento Santa Marta, y también en otro lugar cercano a Rinconada, que es en Machicura, donde había un tercer domicilio que también se utilizaba para estos efectos”.

“Esas son partes de lo que hacen las organizaciones normalmente, necesitan tener una logística, necesitan tener un lugar donde ocultar a la víctima”, remarcó el fiscal Barros, quien detalló que el teniente Ojeda se mantuvo con vida entre 24 y 48 después del secuestro en alguna de esas viviendas, hasta que el grupo le dio muerte.

El persecutor afirmó además que “lo que hemos formalizado hoy es la célula más grande que estaba quedando en Santiago del Tren de Aragua y tiene que ver con los que se llaman Piratas de Aragua, también hay otros que se hacen llamar los cocodrilos, que son un pequeño grupo que actúa por afinidad dentro de la estructura y lo que hemos terminado de formalizar son varios hechos, toda vez que nosotros formalizamos respecto al secuestro con homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, es una parte de los hechos que comete esta organización criminal. ese es un hecho que mirado por sí mismo permite ver que hay una organización o estructura criminal que está detrás”.

En ese sentido, detalló que en el transcurso de la formalización se sumaron otras siete investigaciones. Cuatro de ellas por secuestros con homicidio, más dos extorsiones, además de otros delitos sindicados a Los Piratas de Aragua.

“Tenemos comerciantes de pyme, pequeños comerciantes en el caso de las extorsiones, en el caso de cuatro secuestros con homicidios son integrantes de la organización, lo que pasa es que estas organizaciones aplican también una férrea disciplina respecto a los integrantes de la misma y al hacer eso lo que empieza a ocurrir ahí es que algunos que no cumplen con esta regla, le dan muerte como ha ocurrido en este caso, son secuestrados y después asesinados por un miembro de la misma organización” señaló Barros.

“Los otros casos que tenemos son vinculados también a los inmuebles que se usaban como cautiverio y, como digo, tenemos víctimas que son también de secuestros, que son comerciantes, que venden por aplicaciones y que uno de ellos es chileno y los otros casos son extranjeros también”, añadió.

El próximo lunes se continuarán las diligencias judiciales para la extradición de los otros tres detenidos en el extranjero, que fueron formalizados en ausencia, para formalizar su extradición. En tanto, el martes, se formalizará a otros 14 implicados en este grupo criminal y que están privados de libertad por otros delitos.

El fiscal Héctor Barros también se refirió a las relaciones con el régimen de Venezuela, quien esta jornada decidió cerrar los consulados chilenos en su territorio y descartó que signifique un impedimento para la investigación, dado que “no han colaborado”.

“Nosotros no hemos tenido ninguna colaboración del gobierno venezolano desde bastante tiempo. De hecho en esta causa hay muchos imputados que están escondidos en Venezuela, y que no han sido detenidos, que están con orden de detención y con clave roja incluso varios y no hemos tenido colaboración con ese sentido, entonces no creo que cambie mucho la situación respecto a esta causa”, remarcó Barros.

Respecto a la participación de Diosdado Cabello y si se solicitaría una orden de extradición, el persecutor evitó adelantar la posible estrategia judicial. “Vamos a actuar siempre en base a los antecedentes objetivos que tenemos en la investigación. Esta es una investigación que no está cerrada, se acaban de fijar seis meses de plazo para investigar, por lo tanto, tenemos que agotar todas las diligencias dentro de la misma y con eso tomar una decisión”, sostuvo.