La Corte de Apelaciones de Punta Arenas decretó este jueves la prisión preventiva para el ex fiscal jefe de Puerto Natales Cristián Muñoz Pérez, por su presunta participación en delitos de cohecho y revelación de secretos, en el marco de la Ley de Drogas, cometidos durante el año 2022.

La determinación del tribunal de alzada se dio tras una apelación realizada por la Fiscalía Regional de Aysén, luego de que en la audiencia de formalización realizada el 31 de mayo pasado en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, solo decretara la medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario total contra el ex persecutor jefe de Puerto Natales, pese a la acreditación de su participación en los hechos expuestos.

Debido a lo anterior, la Corte de Apelaciones decretó la máxima medida cautelar por considerar a Muñoz Pérez como un peligro para la libertad de la sociedad debido a la gravedad de los delitos investigados en su contra y la pena que tendría.

Cabe destacar que Muñoz Pérez fue destituido del Ministerio Público luego de un sumario interno que concluyó el septiembre de 2023.

De acuerdo a lo expuesto por el fiscal Carlos Palma en la audiencia de formalización pasada, el exfiscal Muñoz cometió el primer delito en febrero de 2022, cuando se reunió en un domicilio con el denunciante que inició esta causa junto a otras personas, donde se presentó como fiscal jefe de Puerto Natales y comprometió su ayuda para realizar el cobro de un pagaré por $20.000.000 en favor del ahora demandante.

Asimismo, se reveló que Muñoz estaba dispuesto a participar en la recuperación del dinero por una máquina retroexcavadora y también analizaría los cursos a seguir en una causa por el robo de un camión en Santiago, lo que para el demandante significaría un desembolso de $7 millones para el exfiscal y para otro abogado.

Con el pasar de los días, el denunciante manifestó que no poseía el dinero suficiente, por lo que ofreció un vehículo del año 2015 en forma de pago, lo que fue recibido por Muñoz, aceptando un beneficio económico para ejecutar acciones de orden judicial.

Respecto a la causa de revelación de secreto, se dio a conocer que el expersecutor en diciembre de 2022 envió un mensaje vía Whatsapp para alertar a un sujeto que apareció como sujeto de interés en una investigación en el marco de la ley 20.000 -que trabajaba en una botillería y del cual era socio- de que funcionarios de Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) harían diligencias en una pieza que la arrendaba Muñoz a este sujeto investigado.

Con esta acción, el ahora imputado incurrió en la divulgación de información, amparada por el secreto.

Por lo anterior, se fijaron 90 días para concluir la investigación por los delitos de cohecho y revelación de secreto.