El Juzgado de Garantía de Concepción estableció la medida cautelar de prisión preventiva para Celso Romanoch Jiménez Sanhueza, único imputado por la decena de bombas de ruido que fueron detonadas en tres centros comerciales de Concepción y Talcahuano, en la Región del Biobío, el viernes pasado.
En la audiencia, el hombre de 30 años fue formalizado por cuatro hechos. Los tres primeros se atribuyen a las bombas instaladas en el MallPlaza Mirador Biobío, Mall del Centro y MallPlaza Trébol, donde se le imputa el delito de colocación, activación y explosión de artefacto explosivo o corrosivo (contemplado en el artículo 14 de la Ley de Control de Armas) en edificio de libre acceso al público.
La seguidilla de detonaciones dejó a siete personas levemente lesionadas por trauma acústico. Las bombas fueron fabricada artesanalmente con ácido muriático y aluminio.
En tanto, el último suceso ocurrió en la Plaza Perú, donde la Brigada de Investigaciones Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la PDI detuvo a Jiménez mientras portaba un cuchillo tipo corvo. En este caso, el delito que se le imputa es el porte de arma cortante en vía pública.
Si bien durante el fin de semana el gobierno evaluaba invocar la Ley Antiterrorista contra el imputado, el fiscal Jorge Lorca descartó, por el momento, esta posibilidad. “De acuerdo a los antecedentes que tenemos, esa ley exige una serie de circunstancias que en este caso no se dan. Él tenía otro tipo de motivaciones, la ley de control de armas es la que calza más precisamente en aquella. Por lo tanto, no tenemos antecedentes en ese minuto para formalizar por esa ley”, esgrimió.
Y agregó: “Afortunadamente los elementos utilizados eran de bajo poder expansivo, por lo tanto, la situación no puso afortunadamente a ninguna persona en riesgo, porque la Ley Antiterrorista exige que hayan afectados directamente. Acá simplemente fue la seguridad y la tranquilidad pública la que provocó la evacuación de estos locales, pero en ningún momento se puso en riesgo la integridad ni de los locales ni de las personas, por lo que no creemos que se configure esa condición”.
Tanto Mallplaza como la delegación presidencial del Biobío son querellantes en la causa.
Tras conocer los hechos proporcionados por el ente persecutor, la magistrada Tania Galgani Ugarte accedió a la petición del Ministerio Público y finalmente decretó prisión preventiva para Jiménez con el objetivo de “resguardar la seguridad de la sociedad, la seguridad del ofendido y evitar el peligro de fuga”.
Se fijó un plazo de investigación de cuatro meses, mismo tiempo en que el imputado debe permanecer recluido en el penal de Concepción. El sujeto arriesga una pena de hasta nueve años.
El perfil del imputado
Celso Jiménez (30) es oriundo de Coronel y actualmente estudia Arquitectura de la Universidad del Biobío. Desde la casa de estudios rechazaron “tajantemente cualquier tipo de acciones que afecten la seguridad e integridad de las personas y el normal desarrollo de sus actividades y/o que causen alarma pública”.
Además, fue militante de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), algo que el fin de semana lo relacionó con Aníbal Toro, funcionario de la Delegación Regional, por medio de unas imágenes que se difundieron por redes sociales donde aparecen juntos.
Consultada sobre esta situación, la delegada Dresdner detalló que “hay algunas fotos relacionadas a algunos detalles de su participación, aparentemente hace varios años, en las Juventudes Comunistas, sin embargo, esto no es una participación actual”.
“A nosotros lo que nos interesa, más que su vida privada, son las acciones que ha cometido y por las cuales vamos a ponerlo ante la ley”, agregó.
Asimismo, La Cuarta consignó que Jiménez estudió en el liceo Antonio Salamanca Morales, donde fue presidente del Centro de Alumnos.
