Defensa de cardenal Ezzati: "No hay ningún antecedente de encubrimiento"

"No existe antecedente alguno que permita imputar al señor cardenal la calidad de encubridor de abuso sexual, siendo ésta la razón por la cual le aconsejé ejercer su derecho a guardar silencio, máxime si se iba a discutir el sobreseimiento definitivo en dos días más".

Bajo esos parámetros, el abogado Hugo Rivera recordó hoy lo ocurrido a principios de octubre pasado, cuando su representado, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, fue citado a declarar por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias.

La arista judicial en torno al cardenal ahora volverá a estar en la mira, luego de que quedara fijada para el próximo 30 de enero la audiencia en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual se discutirá el eventual sobreseimiento del prelado.

Actualmente, la Fiscalía de Rancagua indaga un supuesto encubrimiento del religioso en el caso del ex canciller de la Iglesia de Santiago, Óscar Muñoz, quien está imputado por abusos.

Frente a este escenario, Rivera destacó que "el 13° Juzgado de Garantía, tan pronto recibió los antecedentes, fijó audiencia para debatir el sobreseimiento definitivo del señor cardenal".

Agregó que "eso significa que tendrán que pasar 117 días para que se lleve a cabo una audiencia que debió realizarse el 5 de octubre pasado, la cual no se concretó porque el Ministerio Público pidió la incompetencia de dos tribunales, ante los cuales ese propio órgano persecutor había solicitado y obtenido una orden de detención y varias medidas de carácter intrusivo".

En relación a cómo el arzobispo está esperando esta audiencia, Rivera manifestó que "indudablemente le ha afectado toda esta injusta situación; verse involucrado en una investigación por hechos que afectan a la Iglesia de Chile por abusos cometidos por algunos de sus miembros, los cuales condena de la manera más enérgica, sobre todo cuando se trata de víctimas menores de edad. Él reitera su voluntad de contribuir al esclarecimiento de los hechos, esperando, como cualquier ciudadano, que la investigación respete el principio de objetividad y presunción de inocencia, consagrados en nuestra Constitución".