Defensa de alcalde Jadue pide postergar audiencia para revisar su prisión preventiva y que se inhabilite a juezas que han visto su causa

Ocho páginas son las que tiene el escrito ingresado durante este sábado por la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), para que se postergue la audiencia de revisión de las medidas cautelares fijada para el próximo lunes a las 9 de mañana. En esa ocasión el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago determinará si el militante comunista debe permanecer en prisión preventiva o bien quedará sujeto a otra cautelar.

El escrito, ingresado por el penalista Juan Carlos Manríquez, que es uno de los abogados que integra el equipo de defensa del alcalde de Recoleta, ingresó ante el tribunal a pocos días de que se realice dicha audiencia, así como también en el plazo fatal para que se declare vacante el cargo de alcalde, ya que Jadue se encuentra en prisión preventiva desde el 3 de junio.

La solicitud de la defensa de Jadue plantea que el tribunal ha tomado resoluciones “defectuosas del procedimiento, en las cuales se presume de derecho el perjuicio, el mismo que afecta y ofende en la esencia las garantías constitucionales del debido proceso e igualdad ante la ley”. Esto, explica, porque se han hecho “diferencias arbitrarias, que con sus efectos agravian a mi representado, pues impiden o dificultan de tal modo grave la igualdad de armas, el plazo razonable y el derecho a una defensa técnica eficiente”.

Lo anterior, porque los abogados del alcalde de Recoleta solicitaron que se fijara una audiencia para revisar las medidas cautelares, sin embargo -explican en el escrito- el tribunal otorgó una fecha en el mismo momento en que había “otras peticiones y resoluciones pendientes sobre autorizaciones para ingreso al Anexo Capitán Yáber de Gendarmería, precisamente para obtener nuevos antecedentes indispensables para la defensa, con los que resultaba imposible contar para el día 08 de julio de 2024 sin dichas autorizaciones”.

Los mismos abogados solicitaron que se modificara dicha fecha lo que fue negado por el tribunal. Por lo mismo, piden que se declare la nulidad de la resolución que fijó la audiencia para el lunes, ya que esto “causa agravio irreparable si no se corrige la situación”, ya que no podrían contar con los antecedentes para funda el cambio en las medidas cautelares de Jadue.

“Mantener la audiencia para el día 08 de julio de 2024 hace imposible la exigencia e igualdad de armas, plazo razonable y evitar que a la defensa de Jadue se le haga imposible, o mucho más gravoso su trabajo”, señala el escrito donde piden que se reagende la audiencia para el 11 o 12 de julio, fecha en la que ya tendrían los informes que esperan presentar ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago para que revierta la prisión del alcalde de Recoleta.

Consultado al respecto, el abogado Juan Carlos Manríquez afirma a La Tercera que las resoluciones del tribunal “provocan una afectación grave al derecho de defensa. Nos dejan en una desigualdad de armas, en posición desventajosa para poder avanzar en la discusión sobre la sustitución de la medida cautelar. Y eso hace imposible o muy difícil la labor de la defensa”.

En el mismo escrito, el abogado del militante comunista ingresó una petición de “inhabilidad de las señoras magistradas de este tribunal doña Paulina Moya y doña Katherine Román, para conocer de este y otro asuntos relacionados a esta petición y causa”, toda vez que a juicio de los abogados, las juezas han manifestado su dictamen “sobre la cuestión pendiente”.

“Las señoras magistradas nombradas han fallado sobre medidas intrusivas, han conocido y fallado en la audiencia de formalización y en las de debate de medidas cautelares personales y reales en esta causa, accediendo a decretarlas con conocimiento cabal de la cuestión pendiente, incluso la prisión preventiva decretada por la primera (Moya)”, explica el escrito.

Respecto a aquello, Manríquez dice que “nos encontramos en el escenario de que ya dos magistradas, con los mismos antecedentes, prácticamente idénticos, habían adelantado opinión, lo que hace necesario plantear la inhabilidad ante la posibilidad de una segunda revisión, porque el riesgo de sesgo confirmatorio es alto. No se trata de desconfiar de la acción de la magistrada ni del tribunal en particular, sino de ejercer el derecho al debido proceso”.