Este martes, la ministra en visita que investiga la malversación de caudales públicos en el Ejército, Romy Rutherford, procesó al excomandante en jefe de dicha institución, Juan Emilio Cheyre. Al exgeneral, la jueza la imputa el uso irregular de más de $128 millones, los que debieron ser utilizados para labores de inteligencia. Imputación que la defensa del general (R) califica como “injustas e improcedente”.
A través de una declaración pública, los abogados Jorge Bofill y Sebastián Contreras, sostuvieron que los recursos, por los cuales se le acusa a Cheyre, “alude a un estipendio mensual dispuesto para los ex comandantes en jefe mediante un decreto presidencial”. Por eso, los defensores han señalado que “nuestra opinión es que la resolución que lo ha sometido a proceso es injusta e improcedente y estamos analizando los caminos a seguir para impugnarla”.
Junto con eso, agregan, que como defensa “aclaramos a la opinión pública que no hay ningún cuestionamiento en materia de probidad durante el ejercicio del cargo como comandante jefe del general (r) del “nunca más”. Además, agregan que Cheyre “como corresponde, ha prestado colaboración en todas sus declaraciones”.
Esta es primera vez que Rutherford procesa al excomandante en Jefe del Ejército, quien ocupó el cargo desde 2002 a 2006, y surge tras la declaración del coronel (R), Sergio Vásquez, quien era el jefe de Contabilidad y Remuneraciones en la Comandancia en Jefe, entre 2010 y 2014, y luego jefe de Finanzas hasta 2018.
A raíz del procesamiento, Cheyre quedó preso en el Batallón de Policía Militar N° 1 de Peñalolén, esto a la espera de que la ministra en visita defina si este puede o no acceder a la libertad bajo fianza.
Junto con Cheyre, la jueza Ruhetford también amplió los cargos contra los excomandantes en jefe del Ejército, Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba, todo esto bajo la investigación de “gastos reservados”.