"Además del notorio crecimiento de la prisión preventiva, en general a nivel nacional, su aplicación aumenta en particular en más de un 50 % tratándose de imputados extranjeros o indígenas".
Con esta afirmación, el defensor nacional, Andrés Mahnke, manifestó su preocupación sobre el incremento de esta medida cautelar en 2017, según el último balance de la Defensoría Nacional.
Mahnke indicó que el aumento de prisiones preventivas en extranjeros e indígenas "es preocupante", pues al desagregar la información, se ve que en la aplicación de esta medida hay "notarias" diferencias entre las regiones del norte del país, como Arica, Tarapacá y Antofagasta. Según el defensor, en esa zona son habituales extranjeros o indígenas, que son utilizados como "burreros, que por muy poco dinero traspasan droga".
Mahnke señaló que "el sistema de justicia, jueces, fiscales, policías y defensores pertenecemos a una sociedad que es discriminadora y clasista. Claramente, nuestra forma de actuar sobre personas que están en la marginalidad o niveles de exclusión o pobreza, en el sistema de justicia es bastante más severa que con otras personas".
Además, la Defensoría destacó que cerca de tres mil imputados que pasaron por una prisión preventiva en 2017 resultaron sin una condena. Para el ministro de Justicia, Hernán Larraín, "creemos que la presunción de inocencia debe ser aplicada rigurosamente y buscar otros mecanismos para que las personas puedan mantener su libertad y estar siempre a disposición de la justicia".