El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, se refirió esta tarde a la propuesta de reforma ingresada por el senador Pedro Araya (Ind.-PPD) para sancionar con cárcel a jóvenes infractores de la ley penal desde los 16 años.
Esto, desde del Palacio de La Moneda luego de reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para discutir temas de seguridad y relacionados con la migración.
Según la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), los menores entre 14 y 17 años que son condenados a sanciones privativas de libertad no son enviados a recintos carcelarios para adultos, sino que a centros especiales para jóvenes, donde reciben un conjunto de garantías como acceso a educación y programas de rehabilitación.
En ese sentido, la reforma que ingresó el senador Araya busca establecer un catálogo cerrado de delitos “graves y violentos”, en consideración de la reincidencia del menor, modificando la actual normativa de persecución penal para adolescentes para enviar a menores a cárceles para adultos.
Al ser consultado por la iniciativa, Quesille reconoció que “actualmente el país enfrenta un problema asociado a los delitos que cometen adolescentes infractores de ley”, y aunque sostuvo que, en particular, no conoce los detalles del proyecto, si indicó que “el gran desafío radica principalmente en buscar las mejores formas de luchar contra la comisión de delitos por parte de los adolescentes (…) y las medidas comprobadas, a nivel comparado, están vinculadas principalmete a la generación de instancias de prevención del delito. En la medida que la protección social llega antes, se van a generar mejores mecanismos para que niños y niñas adolescentes no cometan delitos”.
No obstante, destacó que “los adolescentes entre los 14 y los 17 años si tienen penas privativas de libertad, ese es un tema que está regulado por la Ley 20.084 y que, a propósito de la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que depende del Ministerio de Justicia, es un tema que no ha sufrido mayores modificaciones”.
Al respecto, Quesille destacó que “hay que tener claro, y es uno de los fines de la Ley de Garantías y de la Ley 20.084 es que la sanción penal juvenil tiene un fin específico distinto al de los adultos, que tiene que ver con su efectiva reinserción”.
“La forma en que el Estado debe relacionarse con adolescentes en conflicto con la ley, no tiene que ver con abolir, sino que tiene que ver con responsabilizarlos de sus conductas que son delitos, pero con un énfasis que esté vinculado a la verdadera reinserción, no a la generación de mecanismos que pudieran impedir que esos adolescentes fueran reinsertos en la sociedad”, agregó.
Finalmente, sostuvo que “todas aquellas iniciativas tendientes a rebajar la edad de inimputabilidad penal o aumentar penas, tienen efectos que no son los mejores desde el punto de vista de la reinserción, considerando que para los estados es más barato, es más fácil, la reinserción social efectiva y la generación de programas que permitan que los adolescentes no vuelvan a delinquir”.
