Antes de que comience la preparación del juicio oral y a ocho meses del trágico homicidio de Camilo Catrillanca, hoy el Juzgado de Garantía de Temuco acusó recibo de la primera acusación que presenta la Defensoría de la Niñez desde su creación en 2018 y que apunta a ocho de los acusados en el crimen del joven comunero mapuche, en particular a aquellos delitos presuntamente cometidos por exfuncionarios de Carabineros que tuvieron algún grado de participación y/o conocimiento sobre las circunstancias de detención del menor de edad M.P.C., de 15 años, quien acompañaba a la víctima el 14 de noviembre del año pasado a bordo de un tractor en Ercilla.
Según el documento, al que accedió La Tercera, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, califica varios de los hechos de forma distinta al Ministerio Público y pide penas superiores para algunos de los acusados. Su mandato sólo le permite accionar en contra de aquellos funcionarios del GOPE respecto a ilícitos que afecten al adolescente M.P.C. y no respecto al crimen de Catrillanca.
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscalia-pide-15-anos-sargento-acusado-homicidio-catrillanca-solicita-ministro-chadwick-declare-juicio-oral/663920/
Para el exsargento Carlos Alarcón, quien -según la Fiscalía de La Araucanía-, es quien ejecuta el disparo en la cabeza que le provoca la muerte a Catrillanca, la Defensoría de la Niñez pide 15 años como autor del delito frustrado de homicidio calificado en contra de M.P.C., en el entendido que la ráfaga de disparos perpetrada en contra del tractor en que se movilizaba el joven y su amigo pudo haberle causado la muerte al adolescente.
Sin embargo, contra quien se solicitan las más altas penas es contra el también exmiembro del GOPE, Raúl Ávila. Éste último es quien, luego que Catrillanca resulta herido, detiene al adolescente, lo pone boca abajo y -según esta parte querellante- lo golpea y comete en su contra torturas. Para este exsuboficial de Carabineros, la defensora Muñoz solicitó a la justicia lo condene a 20 años de presidio efectivo. La pena se divide en 10 años de cárcel por el delito de "disparo injustificado" y otros 10 años más tras las rejas como autor del delito de torturas cometido en contra de un adolescente.
Asimismo, la institución pide a los tribunales sancionar con penas que van entre los 5 y 3 años al resto de los funcionarios policiales involucrados como encubridores de homicidio calificado y torturas.
Detalles de la acusación
En la acusación particular, la defensora Muñoz describe los hechos que les atribuye a los exuniformados. "A raíz del disparo recibido en su cabeza por Camilo Catrillanca Marín, el tractor se
desplazó unos metros y se detuvo a un costado del camino, luego que el adolescente M.A.P.C. cortara el contacto, momento en el que éste desciende del tractor, permaneciendo frente a los
acusados de pie, desarmado y con las manos levantadas, circunstancias en las que, sin que existiera ningún tipo de resistencia al proceder policial, por parte de M.A.P.C., el acusado Ávila Morales se abalanzó sobre el joven, lo lanza al suelo y lo golpeó en diversas partes del cuerpo, obligándolo a permanecer boca abajo en el barro, para después inmovilizarlo atando sus manos con excesiva e injustificada presión, poniendo una de sus piernas sobre su espalda, causándole lesiones físicas consistentes en contusiones costales en el lado izquierdo, cicatriz rosada de 1,55 cm en cara dorsal de la muñeca izquierda y cicatriz costrosa de 3 cm en la cara lateral de la muñeca izquierda".
Agrega que minutos antes "el acusado Ávila Morales también abrió fuego en contra del tractor, efectuando disparos por la espalda dirigidos a sus ocupantes Camilo Catrillanca Marín y el adolescente M.A.P.C., utilizando su fusil M4, con munición 5.56 (armamento de guerra), realizando dicha acción el acusado sin que existiera provocación alguna, ni tampoco peligro alguno para él o sus compañeros de patrulla".
Al igual que el fiscal Roberto Garrido, la defensora pide que se cite a declarar a juicio oral al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y a otra serie de autoridades que tuvieron conocimiento el 14 y 15 de noviembre del año pasado de los hechos que se indican.
