La Defensoría Penal Pública respondió este jueves a las críticas de la alcaldesa Evelyn Matthei luego del secuestro del empresario rancagüino Rudy Basualdo.
Matthei, al ser consultada por el caso, apuntó contra el gobierno, los jueces y la Defensoría Penal. De esta última, dijo que su sistema “tiene por objeto que las personas acusadas tengan un buen juicio, pero acá la Defensoría ha entendido mal su papel y se ha convertido en una forma en que tratan de sacar, por cualquier forma, por cualquier tinterillada a los peores presos y dejarlos libres. Nuestro sistema de Defensoría Penal Pública hay que rearmarlo completamente, hay que ver los incentivos que tienen, hay realmente que reeducar a esas personas porque hoy día el sistema de Defensoría Penal Pública, que todos los chilenos ayudamos con nuestros impuestos a financiar, a lo único a que se dedican es que la puerta giratoria gire mucho más rápido y que la mayoría de la gente salga afuera”.
La alcaldesa añadió que la Defensoría “se ha transformado en uno de los peores problemas del sistema judicial chileno”.
El defensor nacional (s), Osvaldo Pizarro, lamentó las declaraciones de la autoridad de la comuna de Providencia y aseguró que si bien el sistema de justicia resulta “perfectible”, para realizarle cambios legales que vayan en dirección de la perfección del sistema de justicia penal, “es absolutamente necesario tener opiniones serias, responsables y fundadas –esencialmente– en datos objetivos y comprobables, y no pensar que, a través de opiniones populares o frente a situaciones particulares o casos particulares, se pueda pretender hacer modificaciones que pueden dañar sustancialmente la garantía constitucional del debido proceso de todos los ciudadanos de este país y que van en directa relación con el reconocimiento de la legitimidad de un Estado de derecho”.
En ese sentido, explicó que “la Defensoría Penal Pública es una institución de excelencia –y así ha sido reconocida en reiteradas oportunidades– que presta un servicio de alta calidad relacionado a toda persona que es imputada en el sistema de justicia criminal”, dijo, agregando que “el deber de los defensores y defensoras penales públicos de la institución es prestar una defensa eficiente dentro de las reglas del debido proceso, por lo tanto, resulta inadmisible tildar de vergonzoso el trabajo que funcionarios y colabores de esta institución, realizan con altos estándares y siempre en cumplimiento de un mandato legal y constitucional, velando siempre por las reglas del debido proceso y la presunción de inocencia que toda persona tiene en este país”.
El abogado manifestó que responsabilizar a la Defensoría Penal Pública en los procedimientos de expulsión, no está en consonancia con la ley, “considerando que la expulsión es una pena que el tribunal puede ordenar y que dicha ejecución le resulta ajena a nuestra institución”.
“Ello única y exclusivamente está asociado a las expulsiones cuando estas son decretadas como la sustitución de una sanción para aquellas personas que han sido condenadas a penas inferiores a cinco años, porque dicha sanción es distinta a las facultades de expulsión del ámbito administrativo que son ajenas a las competencias de la Defensoría y que están a cargo de otros organismos del estado”, explicó el jurista.
