Dejan en prisión preventiva a imputado por homicidio ocurrido en Chillán el 2016: fue extraditado desde Brasil
Cristopher Arce, quien ya había sido condenado por otros delitos, se había radicado en Brasil y fue detenido en ese país el 2019.
En prisión preventiva quedó Cristopher Arce, sujeto imputado por un homicidio ocurrido el 2016 en Chillán. El individuo fue extraditado desde Brasil para poder enfrentar el juicio en nuestro país.
El ataque ocurrió durante la madrugada del pasado 31 de diciembre de 2016 en la población Vicente Pérez Rosales de Chillán, en la Región del Maule.
Arce habría disparado en al menos tres ocasiones a la víctima, que falleció mientras era atendido en el Hospital Regional de Chillán.
“Una vez ocurrido el hecho, el imputado escapó de nuestro país por un paso fronterizo no habilitado. Gracias a las diligencias investigativas realizadas por la Brigada de Homicidios de Chillán, así como por el Ministerio Público, fue posible establecer la responsabilidad del imputado y a la vez publicar una notificación roja a la Interpol”, detalló sobre la huida de Arce el subcomisario Alex Valera de Interpol
Además del mencionado homicidio, también presenta condenas por delitos contra la propiedad, como robos, receptación, hurtos y portar elementos conocidamente para cometer delitos.
El sujeto estuvo prófugo hasta 2019, año en que fue detenido en el extranjero por otros hechos.
Tras ello, luego de una acción colaborativa entre la Interpol de Santiago y de Brasil, se iniciaron una serie de trámites diplomáticos que finalmente permitieron su extradición a Chile este año.
“En definitiva, la Fiscalía debió gestionar una extradición y finalmente esta extradición rindió sus frutos y se logró justamente que el imputado fuera repatriado y el día de hoy (viernes) se hizo la audiencia de formalización”, explicó el fiscal de Chillán, Mauricio Mieres.
Así las cosas, el viernes Arce enfrentó su audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Chillán.
Acogiendo la petición del Ministerio Público, fue dejado en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, además de considerarse un eventual peligro de fuga.
El tribunal estableció un plazo de 30 días para la investigación por parte de Fiscalía.
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