El delegado presidencial para la macrozona sur, Pablo Urquízar, se refirió esta mañana al ataque en contra de un equipo de prensa de TVN en un camino rural entre las localidades de Cañete y Tirúa, en el que el camarógrafo Esteban Sánchez resultó con severos daños oculares -pérdida de visión- y otras lesiones craneales que lo mantienen internado pero fuera de riesgo vital.

En conversación con Tele13 Radio, Urquízar manifestó que “yo creo que acá hay dos hechos que son objetivos. El primero es que se intentó matar al camarógrafo y al periodista. Hay más de 17 disparos y pueden ser perdigones pero también de balas 9 mm, eso es parte de la investigación. Lo objetivo es que Sánchez también pudo haber perdido la vida, pero gracias a Dios está libre de riesgo vital”..

Además, agregó que “lo objetivo es que se intentó afectar la vida e integridad física del camarero y del periodista que estaban ejerciendo una función periodística. Nosotros como gobierno ya anunciamos y estamos poniendo toda la disposición, nos comunicamos con el fiscal Juan Yáñez para iniciar la persecución penal con las querellas respectivas por dos hechos objetivos, homicidio frustrado y afectación grave de la ley de prensa”. En esa línea aseguró que se dispuso de todos los recursos humanos y policiales disponibles para encontrar a los responsables del ataque.

Respecto de las declaraciones del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, que rechazó que dicho movimiento esté detrás del atentado y que expresó que “nuestra hipótesis es que esta situación de encuentro y posible entrevista con Iván Núñez la podría haber filtrado la policía y a raíz de eso, algún grupo interno de la policía pudo haber montado una operación de inteligencia para achacarnos a nosotros la responsabilidad”, Urquízar señaló que “acá a veces nos confundimos y a los buenos los tratamos de malos y a los malos de buenos y eso no puede ser”.

“Acá las cosas son claras, la CAM ejerce la violencia como método de acción política. Se han adjudicado una serie de atentados históricamente, han habido víctimas, personas han atentado contra la vida, integridad física y a la propiedad de múltiples personas sean mapuche o no mapuche. Acá no nos podemos confundir, hay que condenar la violencia venga de donde venga (...) Esto es muy grave no solo porque se afecte la integridad física de la persona o la propiedad, sino que lo que acá se está afectado en su esencia es la democracia y el Estado de Derecho. Sin democracia y sin Estado de Derecho nosotros no podemos vivir, es una sociedad que se corrompe, que se contamina”, dijo.

Desde esa perspectiva, sostuvo, “esa legitimación que hace la CAM creemos que no corresponde”. Así, agregó que las policías y las fuerzas armadas están para servir a las personas, pero que en cambio “la coordinadora tiene en sus postulados una línea ética que no corresponde. El fin no justicia los medios ilícitos”.

Con todo, indicó que en la zona hay otros cuatro movimientos, aparte de la CAM, que utilizan la violencia como método de acción política: “no creo que solo la CAM tenga ese poder territorial, sino que lo más probable es que se distribuya”.

Deuda del Estado

Por otra parte, el delegado enfatizó en que el Estado “está al debe absolutamente”.

El Estado tiene y debe mejorar y centrar todos los esfuerzos en seguridad y orden público, por el fin último que es la paz social para resguardar a todas las personas y víctimas, en eso no descansaremos”, puntualizó.

Así, añadió que “este es un problema de Estado, se necesita el apoyo de todos y más que críticas de la clase política, se necesita que se pongan a disposición para resolver y resguardar a las personas que sufren día a día”.

En este sentido manifestó que no solo las policías, Fuerzas Armadas y gobierno tienen que estar pendientes del conflicto en la zona, sino que también fiscales, jueces y el Congreso Nacional.

“Tenemos aproximadamente nueve proyectos que están pendientes en el Congreso y que contribuyen a la paz social en La Araucanía. Esos nueve proyectos llevan 643 días pendientes de tramitación y ninguno es ley todavía. Se han puesto 250 urgencias y aún así no se avanza, se necesita el aporte de todos. Es fácil echarle la culpa a las policías y Fuerzas Armadas pero aquí se necesita que el Estado en su conjunto avance en dos vías: una vía de la seguridad, orden público y persecución penal, y otra vía que avance desde la perspectiva social y de las oportunidades”, planteó.