Restan poco más de dos semanas para que finalice el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y uno de los proyectos más emblemáticos de su gestión aún no ha sido aprobado. Se trata de la Ley de la Reforma de Educación Superior, que en marzo próximo pasará al Tribunal Constitucional (TC), donde 14 de sus artículos serán revisados, según indica el control preventivo que realiza el organismo antes de que las iniciativas despachadas por el Congreso se conviertan en ley.
En ese contexto, hoy la ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que no habría razones para que el TC realizara alguna impugnación. "En la medida en que ha tenido un apoyo tan transversal políticamente -el proyecto-, es difícil que se le hagan cambios, pues no hay por qué hacerlos", sostuvo.
Y en ese mismo sentido, agregó que "la ley fue revisada por todas las bancadas y todos los asesores de los senadores de la Cámara de Diputados. Creo que tenemos una muy buena ley que, además, la discutimos más de dos años y se hicieron todos los cambios que se tenían que hacer en su momento".
Sin embargo, dicha situación aún no está completamente definida. Hace algunas semanas, se conoció la posibilidad de que el TC considerara inconstitucionales algunas facultades de la Superintendencia de Educación Superior, tal como ocurrió con el nuevo Sernac.
El diputado Jaime Bellolio (UDI), miembro de la Comisión de Educación, señaló que pese a no haber sido partidario de recurrir al TC durante la tramitación de la ley, "hay puntos en que nosotros insistimos varias veces que estaban en la raya de lo inconstitucional".
Para el parlamentario, un ejemplo de lo anterior es que "no es posible que un gobierno destine a algo fondos de los próximos 40 años sin saber de dónde se van a sacar. Además de la fijación de precio que se impone a los estudiantes sin gratuidad, y que podría hacer que una universidad pierda toda su autonomía, porque dependería en un 100% de los fondos del Estado". Eso sí, aclaró que "no tengo claridad de si el TC pueda impugnar alguna de esas normas".
Desde el sector estudiantil, Alfonso Mohor, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, manifestó que "si bien nosotros obviamente vemos con mucha suspicacia el rol que juega el tribunal constitucional al dilatar la promulgación de ciertos proyectos de ley, también creemos que el desafío pendiente es precisamente ese, que este sistema sea coherente con el rol público, que sea capaz de plantear una mirada estratégica de la educación que se quiere impartir, pensar en el desarrollo de la sociedad y, por lo tanto, eso es coherente con erradicar las lógicas de mercado dentro del sistema".
Una visión más crítica respecto del rol que podría jugar el Tribunal Constitucional es la del diputado Mario Venegas, quien cree que una posible impugnación podría darse por motivos que no tienen que ver directamente con el contenido del proyecto. "Tengo la impresión de que el TC como está conformado, está muy permeable a las influencias políticas coyunturales. Un tribunal de esa naturaleza debería estar en una situación por sobre esas contingencias coyunturales y actuar con autonomía", manifestó.
Sin embargo, también fue enfático en sostener que debido a la aprobación de todos los trámites reglamentarios en la Cámara de Diputados, "esperaríamos que se respete esa voluntad y la de quienes representamos a la ciudadanía en el Parlamento". Y a su vez, añadió que "para nosotros resulta muy violento que haya otra instancia donde se tuerza esa voluntad democrática".
Aprobación
Respecto de la posible aprobación de la ley en el gobierno del futuro gobierno de Sebastián Piñera, el diputado Venegas señaló que "lo lógico sería darle el crédito al gobierno que se esforzó por sacar este proyecto de ley".
Por su parte, la ministra Delpiano le restó importancia a esta posibilidad, afirmando que "tener la ley totalmente aprobada con la transversalidad que se tiene es el gran logro del proyecto. La promulgación es una acto administrativo muy importante, pero no es lo sustantivo del proyecto".
