Democracia Viva: fiscalía alista los últimos detalles en audiencia de reformalización y se mantiene el plazo de cierre

A las 8.30 horas de este jueves se realizó la reformalización de Daniel Andrade, Carlos Contreras y Paz Fuica, los principales imputados por el lío de platas entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta tras la entrega de un convenio de más de $400 millones a la organización dirigida por Andrade, exmilitante de Revolución Democrática (RD) y en ese entonces, pareja de la diputada de la misma colectividad, Catalina Pérez.

En la audiencia, la fiscalía local repasó las acusaciones en contra de los imputados y precisó ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta los tres delitos de fraude al Fisco que se les atribuyen.

El persecutor Cristián Aguilar enfatizó en los cargos de Contreras, Fuica y Andrade, sobre este último detalló que “actuó de forma fraudulenta para generar perjuicio fiscal”.

En la instancia, el ente persecutor no solicitó ampliar el cierre de investigación. Así se mantiene la fecha fijada en junio por el juzgado, luego de que la fiscalía pidiera extender por 60 días la fecha para concluir las indagatorias, es decir, a finales de agosto.

A más de un año del destape del convenio que remeció al gobierno y a RD –exmilitancia de los principales involucrados– Andrade se encuentra con arresto domiciliario, al igual que Fuica. En cambio, Contreras permanece en prisión preventiva.

Luego de que el medio Timeline publicara las irregularidades de la fundación Democracia Viva, la Fiscalía Nacional llevó adelante una serie de diligencias que develaron que en otras regiones del país también existían anomalías en los convenios de diferentes organizaciones y las reparticiones.

Además de las pesquisas del Ministerio Público, en la Cámara de Diputados se realizó una comisión investigadora para analizar los demás casos, y tras concluir sus labores solicitó la renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez (FA), a quien acusan de “ser parte del círculo de implicados” en el convenio de Democracia Viva.

Críticas que negó la militante del FA, por lo mismo, la comisión consideró que “el negar la relación con Democracia Viva y, por consiguiente, con quienes la integraban, solo por el hecho de no encontrarse esta constituida legalmente, resulta grave. La subsecretaria sí mantuvo relación y representó al proyecto de Democracia Viva, por lo cual debiese cesar en sus funciones como autoridad”.