En horas de la noche se produjo el desalojo de un campamento en la comuna de Cerro Navia. No obstante, se denuncia que durante este hecho ocurrieron abusos policiales por parte de los miembros de Fuerzas Especiales encargados del procedimiento.

El hecho ocurrió en el campamento Macarena Valdés, ubicado en un sector cercano al Río Mapocho y en un terreno que es propiedad del Serviu Metropolitano.

El seremi de Vivienda, Manuel José Errázuriz, detalló que la ocupación comenzó el pasado sábado y que "el día domingo ya ingresó personal del Serviu a conversar con los dirigentes, a establecer contacto, a explicarles que no se podían tomar el terreno, a invitarlos a dialogar en el Serviu siempre que depusieran la toma".

Errázuriz además indicó que solicitaron una nómina a los ocupantes para detallar quiénes podrían ser beneficiarios de subsidios, pero que "esa nómina no llegó. Habíamos acordado entre las partes un plazo que se cumplió ayer a las 12 y si no se cumplía el plazo tenemos procedimientos legales que tenemos que respetar, y eso es dar aviso a la Intendencia quien a su vez da aviso a Carabineros para proceder al desalojo".

Respecto al actuar de Carabineros, la autoridad regional indicó que "en primer lugar fue Carabineros y habló con las familias que tenían niños pequeños y se procedió a invitarlos a hacer abandono. Se produjo, ya que alrededor de 30 personas hicieron abandono absolutamente voluntario, sobre todo las familias que tenían niños, que entendieron que era necesario proceder así. Y solamente respecto de algunos que mantuvieron una posición un poco más agresiva puede haber sido necesario el uso de la fuerza".

Perdigones, lacrimógenas y gas pimienta

No obstante, se despertaron algunas alarmas respecto al actuar de Fuerzas Especiales durante el desalojo de las últimas horas. Al respecto la jefa metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Beatriz Contreras informó que "un equipo del INDH de la sede metropolitana concurrió hasta el lugar y una vez allá se recibió la denuncia por parte de los vecinos que señalaron que alrededor de 85 niños, 10 ancianos y cuatro mujeres embarazadas, además de familias migrantes fueron víctimas de este actuar policial, que habría consistido en la utilización de carros lanzaguas, bombas lacrimógenas, perdigones y gas pimienta".

"Se puede entonces señalar, de acuerdo a las informaciones y datos que se están levantando en terreno, que no se han cumplido los estándares internacionales en materia de desalojo que ponen el foco en los perjuicios físicos y psicológicos que generan estos procedimientos, especialmente tomando en consideración que hay muchas personas pertenecientes a grupos de especial protección respecto de quienes la obligación del Estado es reforzada", añadió la representante de la institución.

Finalizó señalando que "aquí no solo no se está cumpliendo sino que se está infringiendo de manera abierta, lo que nos genera mucha preocupación, por lo que el equipo seguirá en terreno recabando toda la información que sea necesaria y evaluando los pasos a seguir".

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