Desalojos bajo nueva Ley de Usurpaciones ascienden a más de 60 en los primeros seis meses de aplicación

Sólo tres días pasaron desde que la nueva Ley de Usurpaciones fue promulgada, para que mostrara sus primeros resultados. El 27 de noviembre del 2023, funcionarios de Carabineros detuvieron a integrantes de la comunidad mapuche Aylla Varela, quienes ingresaron ilegalmente al Fundo Palermo, en Collipulli, Región de La Araucanía, reclamando la propiedad del predio agrícola.

Bajo la nueva ley, que fue publicada en el diario oficial el 24 de noviembre del año pasado, finalmente fueron formalizadas cinco personas que componían la comunidad mapuche, además de haber realizado el desalojo de una decena de ocupantes desde el interior del fundo. Casos como este, según cifras de la propia policía uniformada, ya suman más de 60 desde que se comenzó a aplicar la normativa.

Los resultados de la nueva normativa, la cual tuvo una extensa discusión en el Congreso y que incluso contó con un veto de parte del gobierno, fueron solicitados por la Comisión de Seguridad de la Cámara en marzo pasado, quienes pidieron al Ministerio del Interior conocer la forma y estadísticas de la aplicación de la ley.

En respuesta a aquello, recientemente la cartera dirigida por la ministra Carolina Tohá, remitió el oficio con las respuestas entregadas por las policías. Estas dieron cuenta de la cantidad de desalojos que han realizado en los primeros seis meses de la nueva ley, la cual regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, además de fijar nuevas penas y formas de cometer estos ilícitos e incorpora mecanismos más eficientes para la restitución de estos lugares.

De las dos policías, sólo Carabineros entregó cifras concretas respecto a los desalojos que han llevado a cabo. En el caso de la Policía de Investigaciones (PDI), si bien respondieron que han realizado tres procedimientos bajo dicha ley, explicaron en su oficio que “no se han ejecutado desalojos propiamente tales” y que corresponden a procedimientos que no son habituales para dicha institución.

Carabineros, por su parte, sí debe adoptar este tipo de procedimientos por orden de un tribunal a solicitud de las víctimas de una usurpación o por el Ministerio Público, entregaron las cifras de desalojos que han ejecutado. Según las estadísticas de la institución, desde el 24 de noviembre del 2023 y hasta el 24 de mayo pasado, se han registrado 67 desalojos.

En detalle, según da cuenta el oficio, la Región Metropolitana es la que concentra la mayoría de los casos, con 18 desalojos. Las comunas que lideran son Santiago, con nueve desalojos, San Joaquín (2), Cerrillos(1) y Recoleta (1), entre otros.

Seguida de esta, la Región de La Araucanía tiene otros 15 casos en las comunas de Victoria (5), Temuco (2), Galvarino (2), entre otras. A esa región del sur del país le sigue la Región del Ñuble, la cual suma 11 desalojos, todos en la comuna de Chillán. Más atrás están las regiones de Antofagasta, con siete casos, Tarapacá, con cuatro, y Valparaíso con tres.

A nivel comunal, Chillán es la que concentra la mayor cantidad de desalojos, seguida de Santiago, Calama y Victoria.

Para el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), si bien la cifra es positiva respecto a la regulación anterior, “resulta inexplicable que aún subsistan usurpaciones que no han sido desalojadas, dadas las nuevas facultades y atribuciones. Hay un nudo crítico ahí que se debe explicar”.

En esa línea, el parlamentario plantea que hay que analizar “en relación a las detenciones los procesos penales en curso, si es que efectivamente terminan en condenas”. Y es que, afirma, se debe considerar que si hay condenas, “esas condenas, dado el veto del Gobierno, queden en simples multas. Lo cual es complejo desde la perspectiva de la comisión del delito”. Por lo mismo, considera, “todavía la ley tiene espacios de mejora”.

El diputado Andrés Jouannet (Amarillos), integrante de la Comisión de Seguridad y parlamentario por La Araucanía, afirma que “sin lugar a dudas la Ley de Usurpaciones ha ayudado mucho en región para que haya menos usurpaciones, pero todavía existen”.

En ese sentido, lamenta que el gobierno “no haga respetar la ley”. Concluye que el Ejecutivo ”tiene que querellarse en aquellos lugares que están hoy día todavía usurpados, ya que no debiera haber ningún lugar en Chile tomado”.