El desconocido destino de las pensiones de gracia

El 6 de junio, el cabo de Carabineros Óscar Galindo (29) falleció tras recibir un balazo durante un operativo policial en La Pintana. Una semana después, el Presidente Sebastián Piñera autorizó por Decreto Supremo otorgar pensiones de gracia a las dos hijas del uniformado. Para hacerlo, citó el primero de los tres requisitos que establece la Ley 18.056, que regula el otorgamiento de pensiones de gracia, y que dice relación con quienes "hubieran prestado servicios distinguidos o realizado actos especialmente meritorios en beneficio importante del país, más allá de su personal deber". Si la persona falleció, el reconocimiento puede ser recibido por sus familiares directos.

Este caso, sin embargo, es una excepción a la regla. De las 3.383 pensiones de gracia concedidas entre 2016 y julio de 2018, según cifras del gobierno, La Tercera accedió al detalle de 2.242 beneficios otorgados por las presidencias de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, conociendo los montos, nombres de los beneficiarios y la razón que justificó cada aporte.

¿El resultado? En apenas 17 casos el decreto se sustenta en alguna de las tres causales que fija el artículo 2° de la ley, que beneficia a quienes prestaron servicios destacados al país; personas afectadas por accidentes o catástrofes en circunstancias extraordinarias, y a personas incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas.

De los restantes decretos analizados, en 315 casos no fue posible acceder al documento que otorgó la pensión, y en los otros 1.910 casos revisados se detectó el uso de una ventana especial que abre el artículo 6° de la Ley sobre Pensiones de Gracia: la facultad del Presidente de la República de otorgar este beneficio "aunque no se reúnan las exigencias previstas en esta ley, en casos calificados y por decreto supremo fundado".

Sin embargo, los propios decretos supremos señalan que el artículo 6° se debe emplear "excepcionalmente". Por ello, en al menos 200 casos la Contraloría, si bien cursó los decretos, lo hizo "con alcances", por no estar debidamente fundamentados. Además, dada la discrecionalidad con que se entrega la pensión de gracia, no es fácil acceder a la nómina de beneficiados. Solo vía Ley de Transparencia la Subsecretaría de Interior entregó un listado incompleto de pensionados, donde faltaba cerca del 30% de los casos (1.141), y en el cual no se especificaba el monto, la causal, ni la duración del beneficio.

De todos modos, la información de la autoridad detalla que casi el 80% de los beneficios va dirigido a asociaciones gremiales y otras entidades, mientras solo cerca de un 20% se da a personas naturales.

El presupuesto anual para financiar este ítem es en 2018 de $ 50.312 millones y contempla la posibilidad de otorgar hasta 1.537 nuevas pensiones, de las cuales 732 están dirigidas a personas menores de 55 y mayores de 64 años.

De esta caja del Estado hay poca información. Sin embargo, en el mundo político es conocida por ser una herramienta útil para aplacar conflictos sociales o hacer labores de asistencia local. Son habituales los oficios de parlamentarios pidiendo este beneficio a trabajadores de sus zonas que han perdido el empleo o para dirigentes vecinales.

De hecho, según las estadísticas de los últimos tres años, en 646 casos (19%) se entregaron a personas naturales (principalmente mujeres cuidadoras de personas enfermas y víctimas de accidentes), en 1.728 (51,1%) para miembros de agrupaciones gremiales y en 1.009 (29,8%) para otras entidades (ver infografía).

El mayor número de beneficiados en todos los años corresponde a extrabajadores del carbón y portuarios. Durante el primer gobierno de Piñera, para frenar las movilizaciones del sector que es estratégico para el país, se acordó con los distintos sindicatos de las empresas portuarias cupos de pensiones de gracia para trabajadores del rubro de más de 48 años de edad.

Los años que más beneficios se entregaron, en los últimos ocho, también es un antecedente a considerar. En 2017, en el último año de mandato de Michelle Bachelet, se concedieron 1.588 beneficios. En tanto, en 2012, durante la primera administración de Sebastián Piñera, se entregaron 1.712 pensiones de gracia.

Según cada convenio que se establece, el Estado paga la pensión de gracia en Ingresos Mínimos no Remuneracionales Mensuales, aporte que es reajustable, de carácter vitalicio y heredable. Respecto de esto último, aunque la ley no dispone que la pensión de gracia pueda heredarse a un familiar, tras el fallecimiento del trabajador se emite un nuevo decreto supremo para otorgar la pensión a la viuda.

En el caso de los portuarios, desde 2016 se les entregaron 629 pensiones, lo que equivale al 28% de la muestra analizada, cada una de ellas de dos ingresos mínimos no remuneracionales mensuales (del orden de $ 371.556). Su negociación fue mejor que la de otros trabajadores, como los pirquineros, quienes reciben de pensión solo un ingreso mínimo no remuneracional ($ 185.778) y como máximo 1,28 ingresos mínimos, sin carácter heredable. En total, 206 pirquineros han sido objeto de este apoyo.

Otras beneficiadas a gran escala en los últimos tres años son las pescadoras chinchorreras, donde hay 180 casos. Ellas reciben 1,5 ingresos mínimos mensuales, siempre y cuando hayan desarrollado la actividad durante 10 años. Por su parte, los exmineros contratados y subcontratistas de la Empresa Nacional del Carbón (Enacar) reciben pensiones de entre 1,5 y 1,8 ingresos mínimos y pueden postular desde los 50 años. Hay 271 casos que se han sumado desde 2016.

Asimismo, acceden al beneficio estatal exdirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT (34 desde 2016), folcloristas (75) y actores agrupados en el sindicato Sidarte (17), entre los más conocidos, Schlomit Baytelman, María Elena Duvauchelle y Jaime Azócar. También es posible encontrar músicos, como la cantautora de la Nueva Ola Cecilia Pantoja, conocida como "Cecilia, la incomparable". Además, hay casos de exonerados políticos.

Las pensiones de gracia datan del año 1836, cuando fueron creadas para sostener a "viudas, hijos, nietas y hermanas de autoridades públicas civiles y militares fallecidos". Pronto pasaron a ser administradas por partidos políticos para entregar a sus militantes. Recién en 1970 se establece mediante una reforma a la Constitución que su entrega es una atribución exclusiva del Presidente de la República, y a partir de 1981 se crea un comité asesor para este efecto.

A la fecha, 10 funcionarios de gobierno analizan los casos para luego entregar un informe al Presidente. Seis pertenecen al Ministerio del Interior y otros cuatro son de Hacienda, Trabajo, la Secretaría General de la Presidencia y el último representa a la primera dama, Cecilia Morel.

Dentro del análisis de los beneficiados, desde 2016 se pueden encontrar ejemplos de personas con vínculos políticos. Tal es el caso de Patricia Espejo, exdirectora de la Fundación Salvador Allende, quien recibió el beneficio por decreto el 28 de diciembre de 2017. En el mismo documento se otorga una pensión de gracia a Nina Soto, viuda de un diplomático. O la pensión que recibe ese mismo mes María Cristina Jerez, esposa del exdiputado Bosco Parra y hermana del exsenador Alberto Jerez, líderes de la Izquierda Cristiana en los años 70. También recibió pensión la nuera del exsenador DC Mariano Ruiz Esquide, Charisse Lafferte, debido a que tiene un hijo con discapacidad.

Hay otros casos llamativos, como la pensión que recibe Marcela Rodríguez Valdivieso, exmiembro del grupo Lautaro, que en los años 90 fue popularmente conocida como "la mujer metralleta" y protagonizó una operación de rescate a uno de sus compañeros, recibiendo un disparo que la dejó en silla de ruedas. Ella está radicada en Italia, pero según un decreto de febrero de 2016 se faculta a su hermana para cobrar el beneficio en su nombre, el que fue concedido en 1997.

En cualquier caso, un mayoritario porcentaje de pensiones de gracia es destinado por los presidentes a sectores vulnerables. Al menos 116 niños han recibido una pensión en los últimos años, la que pueden mantener hasta los 18 o hasta que cumplan 24 años si siguen estudios superiores. También se otorga este beneficio en casos especiales, como a los familiares de las víctimas de la tragedia de Antuco, a personas afectadas por explosivos o minas antipersonales, o a quienes sufrieron los efectos del fármaco Talidomida.

Así, el 16 de febrero se entregó una pensión de $ 557 mil a Paula Díaz Ahumada, la joven de Talca que ha hecho noticia por pedir la eutanasia. Del mismo modo, el 28 de julio de 2016 Bachelet entregó una pensión de este tipo a Nabila Rifo, víctima de un intento de femicidio.