Desde deuda educativa hasta afectividad y sexualidad: los siete proyectos de ley que marcarán la agenda legislativa del Mineduc

Entre la reactivación educativa producto del Covid-19 y la agenda programática propia, el Ministerio de Educación ha sido un asistente habitual a las comisiones del sector tanto de la Cámara Baja como del Senado.

Solo esta semana, de hecho, al ministro Marco Antonio Ávila se le vio -lunes, martes y miércoles- acudiendo en tres oportunidades a conversar con parlamentarios de ambas cámaras por distintos temas, entre la discusión por la unificación de la evaluación docente, la modernización de la subvención escolar preferencial (SEP) o la modificación de la ley tendiente al nuevo sistema de Educación Pública.

La agenda legislativa de la cartera ha estado cargada y lo seguirá estando: entre proyectos de ley ya presentados, otros que busca modificar y algunos comprometidos para el futuro, son siete en total los que marcarán este 2023 si es que no aparecen otros en el camino.

Dentro de los primeros están el de crear un sistema único de desarrollo profesional docente, el del fortalecimiento de la educación pública, el de flexibilizar la SEP y el que apunta a la modificación del sistema de aseguramiento de calidad. Estos cuatro son los que ya están más encaminados, algunos incluso en trámite. Hay otros tres, en tanto, que apuntan a la índole programática y son, justamente, los que no tienen definiciones de fechas.

Este miércoles el ministro Ávila expuso en la comisión de Educación del Senado sobre el proyecto que ingresaron a través de la misma instancia y que busca modificar la Ley 21.040 que crea el sistema de Educación Pública o, dicho de otra forma, desmunicipaliza el servicio educativo, proceso que ya se ha postergado en más de una ocasión y que, sin estos cambios, estaría culminando en 2027. La idea de la cartera con este nuevo proyecto de ley, resumidamente, busca complementar las normas sobre administración e instalación del sistema en tres ejes: fortalecer la gobernanza, mejorar el traspaso educativo y mejorar la gestión financiera.

Para lo anterior, el proyecto apuntará, entre otras cosas, a introducir jefaturas para temas específicos y coordinadores regionales; a extender en un año el proceso de traspaso de cada municipio a su correspondiente Servicio Local de Educación Pública (quedaría en 22 meses, cambiando de 2027 a 2029 el plazo para que el sistema completo esté instalado); a crear una Comisión Interinstitucional que articule a los organismos involucrados; a extender el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) hasta 2029, año en que se terminarían los traspasos con estos cambios a la ley; a simplificar la transferencia de recursos a los Servicios Locales y a que estos puedan usar el 10% de la SEP para algunos fines específicos.

La idea es que esto esté aprobado antes de enero y en la cartera sienten que cuentan con el respaldo necesario. Ayer el ministro sólo alcanzó a exponer las razones que los llevaron como cartera a plantear esto, pero quedó convenida una próxima sesión para que pueda responder consultas al respecto y escuchar la opinión de los senadores.

Este proyecto para flexibilizar la SEP fue ingresado en el gobierno de Sebastián Piñera y se encuentra en segundo trámite constitucional. La idea del Mineduc, para lo que también presentó durante este miércoles en la comisión de Educación del Senado, es ingresarle indicaciones, para lo cual el secretario de Estado solicitó ayer más plazo (le dieron hasta el jueves 8 de junio) para hacerlo. Lo central será seguir insistiendo en la flexibilización en el uso de estos recursos, por lo que se quiere extender y modernizar la subvención.

Al respecto, la senadora Yasna Provoste (DC) dijo ayer que esperaba escuchar este miércoles aquellas indicaciones y no solo una exposición al respecto. “Lo digo para que alguien no crea que se va a inventar algo nuevo”, señaló. En esa misma línea, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), dijo que “llegar y pedir 45 días de plazo me violenta bastante, realmente no lo entiendo, es una conversación que está dada, que existe claridad hacia dónde se quiere ir, todos sabemos que habían cosas que corregir”.

Ante esto, el ministro Ávila retrucó: “Este proyecto no estuvo nunca pensado, encontramos que es una oportunidad hoy el poder utilizarlo. No es parte del programa de gobierno”.

Según entendidos en la materia, la idea de estas indicaciones irían, en general, a ampliar la subvención a fines educativos generales, en el contexto de la reactivación educativa. También a hacer menos engorroso el sistema.

Fue el martes cuando la comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que consolida un único sistema de evaluación para profesores, el que ahora pasó a la comisión de Hacienda de la misma cámara. El proyecto había sido ingresado a fines de enero de 2023 por el Mineduc, cumpliendo así con una promesa que el propio Ávila había mencionado en más de una oportunidad, que era contar con un solo sistema de medición docente para los profesores de los establecimientos que reciben financiamiento del Estado.

En concreto, este proyecto busca reducir a uno los dos procesos paralelos que hoy existen: el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD), o Ley 20.903, y el Artículo 70 del Estatuto de los Profesionales de la Educación (Evaluación Docente), o Ley 19.070. La idea es dejar solamente el primero, con algunas modificaciones. Eso fue lo que avanzó el martes en la comisión de Educación.

El cuarto de estos proyectos que tributan a la reactivación educativa tiene que ver con la modificación al sistema de aseguramiento de la calidad. La idea de la cartera es ampliar -y no terminar con las evaluaciones- los elementos a considerar a la hora de establecer la condición de cada establecimiento, como por ejemplo un indicador de inclusión. El espíritu de esto mira a un tránsito hacia el acompañamiento y no a lo punitivo de las evaluaciones. ¿Cuándo? A mediados de año, con la vista puesta en julio para ingresar el proyecto.

Es el más ambicioso de todos los proyectos y, a la vez, el más esperado, puesto que este proyecto de ley se fijará en las deudas educativas en general, lo que implica la fórmula para la condonación del CAE.

Para esto, la cartera le ha encomendado al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, la misión de idear un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que incluirá, indefectiblemente, un plan de condonación del Crédito con Aval del Estado. “Esperamos tener un diseño de propuesta durante 2023 que genere consenso en las instituciones, en los actores políticos y sociales. Estamos trabajando con esa misión y creemos que esto es posible”, ha dicho al respecto la propia autoridad educativa.

Y si bien la idea de la entrega del plan es para este año, lo cierto es que en el propio ministerio saben que esta será quizás la más difícil de todas las discusiones que deben llevar adelante.

“Será pagada en este gobierno”. Así de claro ha sido el ministro Ávila cuando se ha referido al pago de la denominada ‘deuda histórica’ a los profesores, que, entre otras cifras, según entendidos afecta a cerca de 60 mil familias, aunque el monto no se define aún. De hecho, la cartera todavía analiza el alcance y sus fuentes de financiamiento antes de presentar la iniciativa de ley. “No va a ser difícil su tramitación en el Parlamento porque todos los diputados, diputadas y senadores y senadoras conocen esta historia y saben que es una deuda del Estado con sus profesores”, ha dicho el secretario de Estado.

El momento de hacerlo tampoco se ha definido, pero se espera que sea pronto, sobre todo considerando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó al Estado de Chile a pagar a un grupo de 846 familias de profesores afectados por este tema y sólo 660 de los docentes seguían vivos en ese momento. El Mineduc quiere que no sigan sumándose profesores que no sean subsanados en vida.

Tampoco con una fecha establecida, pero con la meta de ingresarlo este año se encuentra el proyecto de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral, el mismo que fue prometido durante la cuenta pública de 2022 por el Presidente Gabriel Boric para ingresarlo durante el segundo semestre del año pasado.

Y aunque los tiempos no se cumplieron y, en el camino, además, la cartera advirtió ciertas aprensiones de grupos más conservadores que la llevaron a cambiar incluso el nombre de su proyecto original (en principio era ‘Educación Sexual Integral’), lo cierto es que según entendidos de la cartera la promesa sigue en pie como parte de los compromisos del gobierno en materia legislativa. El cuándo en específico no está claro, puesto que, según explican en los pasillos del Mineduc, aún se está en etapa de análisis de, por ejemplo, las Jornadas hacia una Educación no Sexista de la que han participado cientos de establecimientos del país y que servirán como insumo para la construcción del proyecto.