Desde juegos con balón a parlantes: municipios endurecen sanciones para la época estival

“No se puede tomar alcohol; están prohibidos los parlantes y la música en la playa; si trae perritos, con correa”. Fue durante la víspera de Año Nuevo que un video de un salvavidas en la playa de Los Molles, comuna de La Ligua, se hizo viral. En el registro de 1:11 se veía a un hombre levantar un megáfono y a través de este comunicar a la comunidad qué acciones estaban prohibidas en ese balneario. Entre estas, asistir bajo estado de ebriedad y ruidos molestos. “Si quiere escuchar música, use audífonos”, explicó el socorrista a la multitud.

Con el comienzo de la temporada estival, los diferentes balnearios han comenzado a recibir a los veraneantes, aunque su arribo -en algunos casos casos- viene acompañado de prácticas que pueden infringir las normas de convivencia y un correcto uso de playas y alrededores.

Por lo mismo, los municipios han buscado la forma de tomar un papel fiscalizador en esta materia. Al menos en las playas que se encuentran bajo su administración a través de ordenanzas municipales que establecen normas, conductas prohibidas y sus respectivas sanciones. Un punto importante, puesto que actualmente quien tenga la concesión de la playa -ya sea público o privado- debe decidir si crea o no un reglamento de uso.

Tal es el caso de la Municipalidad de Iquique con el balneario Playa Cavancha, en la región de Tarapacá. Desde 2019, en la zona rigen dos ordenanzas municipales donde se explicitan conductas y sanciones en relación al uso y ocupación de playas. Esto, según explican desde el municipio, porque emitir ruidos molestos, el beber, botar basura en el borde costero y el comercio no autorizado son problemas de nunca acabar.

A estas prohibiciones se suman otras más. Por ejemplo, en dicho balneario está prohibido cocinar o elaborar comidas mediante cualquier tipo o forma de combustión como gas, madera, carbón u otro. Asimismo se prohíbe circular o estacionar vehículos por caminos no habilitados o bajo los 80 metros desde la línea de alta mar y también realizar actividades de aseo personal, lavar objetos con detergentes y no superar el umbral de ruido de 40 decibeles.

Las normas incluso han llegado a normar actividades deportivas, como los juegos con balón, salvo en aquellas zonas previamente autorizadas para el desarrollo de estas actividades. Según comentaron desde el municipio, esto con el fin de proteger a los visitantes y que no se vean expuestos a golpes. De incumplir algunas de estas normas, las multas van de 1 a 5 UTM ($67.294 a $337.145).

“Durante 2024, cursamos 1.756 citaciones por infringir las normativas del tránsito en el borde costero de Iquique, por situaciones como vehículos mal estacionados en sus distintas formas (sobre la acera, en espacios para discapacitados, etc.). Al mismo tiempo, durante el año pasado, cursamos 182 infracciones por incumplir las ordenanzas en playas, por ejemplo: ingreso de envases de vidrio a la playa, generar ruidos molestos, encendido de parrillas, etc”, explicaron desde el municipio.

En el caso de Los Molles, el municipio de la Ligua -que tiene bajo su administración tres balnearios- estableció una ordenanza municipal más general en 2021, donde se sanciona como “acoso público” a actividades como estacionamiento ilegal de vehículos, parrilladas en la playa, uso de parlantes que puedan alterar la tranquilidad de los visitantes, entre otros.

Incluso, como el municipio tiene bajo su administración cinco humedales (Los Molles, Pichicuy, Las Salinas de Pullally y río La Ligua) se estableció la prohibición de sobrevolar drones con el fin de proteger y conservar sus componentes naturales.

Pese a que la violación de normativas ocurren en su mayoría a solo metros del borde costero, los balnearios se han vuelto un escenario perfecto para los cobros indebidos de estacionamientos y autos que sobrepasan las veredas. Algarrobo, en el litoral central, es uno de estos. Durante esta semana se dio a conocer un registro donde cientos de autos transitaban por la calle José Toribio Larraín rebasando las veredas y rozando locales comerciales.

Lo anterior llevó a la comuna a coordinarse con Carabineros para fiscalizar los cobros indebidos con seguridad ciudadana, además de estacionamientos no permitidos. A pesar de las dificultades vehiculares por las que año a año se quejan veraneantes y residentes, algunas playas ubicadas en zonas urbanas no se ven tan afectadas, ya que son de fácil acceso en bus o micro, como las más populares en las comunas de Concepción y Valparaíso.

Ante esta situación, el municipio de Zapallar asume que “uno de los desafíos más complejos es el manejo de los buses turísticos provenientes de otras comunas, que no cumplen con las normativas locales y generan molestias”. Es por esto que han incluido en sus planes para este 2025 una alianza público-privada con la implementación de ocho carros eléctricos gratuitos que acercan a vecinos y turistas al borde costero.

Sin embargo, dicen, lo que pase desde la vereda hacia el borde costero no es de su potestad, ya que de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile (Directemar), es el organismo que tiene el deber de “ejercer la fiscalización y control de las playas y de los terrenos fiscales de playa colindantes con éstas en el mar” el cumplimiento de la ley.

“Estamos trabajando en una ordenanza para regular este tipo de situaciones. Se está recogiendo toda la información para trabajarlo en el Concejo, ya que son los concejales quienes aprueban o rechazan este tipo reglamentos”, sostuvieron desde la municipalidad de Algarrobo.

Mientras tanto, como municipalidad dicen regirse por las sanciones que estipula la ley. En este caso, la orden del Ministerio de Defensa establecida en 1998, la cual prohíbe el tránsito e ingreso de vehículos en arenas de playa, con la excepción de “vehículos en labores de mantención o aseo, vigilancia, fiscalización, seguridad y socorro, así como otras actividades debidamente autorizadas”.

Además del artículo 25º de la ley de alcoholes -publicada en 2022- que “prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en calles, caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público”, al igual que la legislación que prohíbe fumar en playas, lagos y ríos con el fin de hacer frente a la contaminación. Las sanciones van desde los $60 mil hasta los $240 mil.

Pero hay otros balnearios, como Zapallar, que cuentan con ordenanzas establecidas desde hace ocho años para regular el borde costero a través de fiscalización. Esto, ya que cuentan con las concesiones de sus playas.

“Nuestro municipio ha tomado como prioridad velar por el uso racional de los bienes nacionales, con el objetivo de respetar el debido descanso, la calidad de vida de nuestros habitantes y la protección del medio ambiente. En este marco, hemos establecido diversas regulaciones, como la prohibición de actividades que puedan afectar a los usuarios de las playas, el uso de aparatos de sonido, la circulación de vehículos motorizados en zonas restringidas, el uso de carpas, la pesca no autorizada, la venta ambulante, el consumo de alcohol, entre otras”, comentaron desde el municipio.

Durante 2024, se cursaron 1.863 infracciones, de las cuales 1.320 fueron de tránsito, 184 por ruidos molestos y 359 por transgredir las normas de la ordenanza de borde costero.

En 2021 se implementó una ordenanza que regula el tránsito de menores de edad después de la medianoche como un “llamado a los padres y tutores para que se responsabilicen de la ubicación de los niños niñas y jóvenes que se encuentran en la comuna”. Desde su aplicación, mencionan de la Municipalidad, han logrado reducir a cero los incidentes nocturnos en sus playas.

Y en lo que va de 2025 se duplicaron los equipos de seguridad y fiscalización para garantizar el adecuado funcionamiento del borde costero permitiendo que Zapallar sea la única comuna de la zona que ha disminuido en un 15% los delitos de alta connotación pública.

Si bien los balnearios del centro-norte del país son algunos de los más concurridos durante el verano, en las playas del sur también han tenido que tomar acciones para fiscalizar la llegada de turistas. Esto, para regular y sancionar a personas que acampen en lugares no permitidos, así como el consumo de alcohol y emisión de ruidos molestos.

En la región del Biobío, específicamente en la comuna de Tomé -en donde hay cinco playas habilitadas para el baño este verano (Bellavista, El Morro, Los Morros de Coliumo y Dichato)- dijeron a La Tercera que actualmente la fiscalización respecto a la prohibición de ingreso y tránsito de vehículos en la playa se realiza en conjunto a unidades de la Armada, además de la fiscalización de las leyes que prohíben la ingesta de alcohol, fumar, instalar carpas y encender fogatas.

“Constantemente la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha desarrollado, desde que asumió el alcalde Ítalo Cáceres el pasado 6 de diciembre, operativos de fiscalización, especialmente en fines de semana, en conjunto con Policía Marítima de la Armada para el cumplimiento de esta medida en el borde costero de la comuna”, señala el municipio. En la playa de Bellavista, esta municipalidad ha coordinado fiscalizaciones en el borde costero a comerciantes ambulantes y también a vehículos mal estacionados.