Designan a fiscal de casos ProCultura y Sierra Bella en causa contra Presidente Boric tras fallida compra de la casa de Allende

Este martes, el fiscal nacional Ángel Valencia designó al jefe del Ministerio Público de la Región de Coquimbo, Patricio Cooper, a cargo de la causa contra el Presidente Gabriel Boric tras fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Previamente, la Fundación Fuerza Ciudadana había interpuesto ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella con el fin de que el ente persecutor intervenga e investigue el presunto delito de fraude al Fisco que eventualmente se habría perpetrado en la frustrada adquisición de la propiedad y que -de concretarse- habría favorecido a la actual senadora PS Isabel Allende y a su sobrina, la ministra de Defensa, Maya Fernández. Ambas con prohibición absoluta de celebrar contratos con el Estado mientras ejerzan sus cargos.

En la acción penal se cuestiona la utilización de cuantiosos fondos públicos para la compra de este inmueble -ubicado en calle Guardia Vieja en Providencia-, y que fue visado con la firma del propio Presidente de la República.

Al respecto, los denunciantes solicitaron en el documento que se realicen diligencias en contra del Mandatario, a quien sindican como responsable de hechos que configurarían -a juicio de la ONG- el delito de fraude al Fisco.

Bajo este tenor, fuentes de la Fiscalía confirmaron a La Tercera la designación del referido persecutor, ya que inicialmente se había indicado que el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, estaría a la cabeza de estas pesquisas.

Cooper ha liderado relevantes causas nacionales, quedando a cargo de las investigaciones por presunto fraude al fisco en la compraventa de la exclínica Sierra Bella por parte de la administración de la otrora alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

De igual modo, en junio del año pasado, Valencia dejó a Cooper liderando una de las aristas más sensibles del caso Convenios, que apunta contra la Fundación ProCultura, encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín, en torno a la cantidad de involucrados en las millonarias transferencias por convenios suscritos con diferentes reparticiones gubernamentales, donde las indagatorias se concentran en los gobiernos regionales de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío, Aysén y Magallanes.

En octubre pasado, el persecutor tomó declaración a la ex Primera Dama, Irina Karamanos, quien estaba en calidad de imputada en el referido caso, luego de que en 2021 trabajara para la respectiva ONG en el marco del proyecto “Recreo nos gusta el arte”.

Esto debido a un informe elaborado por la PDI en el que se asegura que la socióloga habría realizado cinco abonos a la cuenta de la Fundación ProCultura, cada uno por un monto cercano a un millón de pesos, acusaciones que la excoordinadora sociocultural de La Moneda ha negado tajantemente asegurando de que tiene pruebas que la única transacción fue hacia su cuenta cuando le pagaron sus honorarios.