Destinan $ 1.400 millones para apoyar a 44 víctimas de la violencia rural

Tres tractores marca John Deere, siete motores de riego, una fumigadora, un extractor de grano, dos galpones y 600 metros cuadrados destruidos. Ese fue el saldo del atentado que en julio de 2018 afectó a una de las instalaciones de la empresa Agrícola La Esperanza, de propiedad de Ashley Cooper Strick.

Dado el alto valor de las pérdidas, el reciente 20 de agosto el gobierno aprobó el financiamiento de $ 41,2 millones para la firma, a través del Comité Técnico Regional de La Araucanía. Y, de hecho, se hizo lo mismo con otras 20 víctimas de la violencia rural en la zona.

La iniciativa se da en el contexto del Programa de Atención a Víctimas de Violencia Rural, donde la semana pasada dos comités técnico regionales (CTR), en el Biobío y La Araucanía, aprobaron proyectos para reponer infraestructura dañada y el financiamiento de planes de negocio de quienes se han visto afectados por ataques, fundamentalmente incendiarios.

En La Araucanía son 21 beneficiarios con estos fondos de ayuda, por un total de $689 millones. Por ejemplo, una de las empresas que más recursos recibirá es la Sociedad Silvoagropecuaria y Comercial San Sebastián Ltda., para quienes fue aprobado un fondo de $ 51,2 millones, luego de que una de sus bodegas destinada a la barraca y acopio de madera, en la comuna de Padre Las Casas, fuera incendiada por desconocidos.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó a La Tercera que “esta es la concreción de un compromiso del gobierno del Presidente Sebastián Piñera con las víctimas de violencia rural. Se busca poder compensar, en parte, el dolor de quienes han sido víctimas de la violencia, con esta ayuda que damos desde el Estado”.

Galli agregó que “acá no hay restricciones, solo se deben cumplir los requisitos de los programas de ayuda en cada una de estas regiones. Se postula, se analiza y luego se les notifica de la ayuda y los montos. Porque hay que ser claros: siempre estaremos del lado de las víctimas”.

Uno de los casos emblemáticos de estos incidentes durante los últimos meses fue el de Yasna Navarrete, en julio de este año. La mujer arrendaba vehículos en la zona para la preparación de suelos para la plantación y subsolados. Sin embargo, en un ataque de encapuchados perdió una camioneta y otros vehículos, hechos que se mantienen en investigación. El gobierno la subsidiará con $ 13,2 millones.

En el la Región del Biobío, en tanto, serán 23 los beneficiarios de estos recursos, por un total de poco más de $ 712 millones.

Fue el 18 de agosto que el Comité Técnico Regional de la zona aprobó los presupuestos que buscan ayudar a los afectados.

En el caso de esta región, uno de los mayores montos comprometidos es al empresario Eduardo Campos Valenzuela, ligado al cultivo de trigo, en Cañete, quien recibirá $ 41,2 millones.

Según se detalla en una presentación del CTR en Biobío, esta empresa “desde el 12 de enero del 2010 al 14 de noviembre del 2016 ha sufrido múltiples atentados, tanto de incendios de bosques forestales de pino y eucaliptus como de abigeato, estimándose las pérdidas en al menos 95 animales vacunos, avaluados en $ 5.780.000, además de hurto de madera, 150 sacos de papas y herramientas de trabajo agrícola”.

Siempre, en todos los casos, se trata de personas que están catastradas en el registro que consolida cada Intendencia a través de las respectivas coordinadoras regionales.

De todos modos, también hay críticas a la entrega de los recursos. Gloria Naveillan, vocera del gremio de agricultores Victoria-Malleco, señala que “esto no es una reparación, sino que solo busca comprar tranquilidad. Acá tú tienes que postular y si ganas requieres invertir esa plata en el mismo lugar donde antes te atacaron, para volver a emprender, y donde probablemente te vuelva a atacar. Así no se puede trabajar”.