El destituido juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, recurrió ayer ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión que lo dejó fuera del Poder Judicial. Esto, luego que el 23 de septiembre fuera notificado de la resolución del máximo tribunal, que determinó que el exmagistrado había realizado acciones contrarias a la probidad.
Elgueta era uno de los tres jueces del tribunal de alzada de O'Higgins que fue objeto de una investigación administrativa en la judicatura. Los otros dos eran los llamados "Marcelos", en referencia a Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Este último, cuando se decidió que se iniciaría el proceso de expulsión en su contra, se suicidió en su residencia.
Respecto a Elgueta y Albornoz, el proceso siguió adelante y terminó con la expulsión de ambos del Poder Judicial. En paralelo, a fines de abril Elgueta fue formalizado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, convirtiéndose así en el primer ministro de corte de Apelaciones a quien se le presentaran cargos en una audiencia de formalización.
Ante la decisión de remoción de la Corte Suprema, Elgueta, -a través de su abogada Tábata Recabarren- presentó un recurso de reposición, entregando los motivos por el cual los supremos deberían volver a considerar su dictamen. Entre los argumentos invocados por el abogado, se encuentra la situación judicial en que se encuentra el suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias.
El documento señala que "el viernes recién pasado don Emiliano Arias Madariaga fue formalizado por dos delitos, lo que fue un hecho de público conocimiento. Uno de ellos está estrechamente relacionado con la filtración de información, lo que hizo habitualmente tanto Arias como (Sergio) Moya en su causa penal, a fin de causar impacto denostando la imagen pública de mi representado, con el claro propósito de lograr la destitución de este de su cargo de ministro".
Asimismo, agregan que "este hecho resulta de suma relevancia, toda vez que fue él quien actuó como persecutor penal y denunciante de mi representado, restándole toda credibilidad a sus actuaciones en su contra, ya que todas ellas están apartadas del debido juzgamiento y del derecho".
"Persecución sesgada"
En el escrito, la defensa de Elgueta asegura que "lo anterior viene a demostrar, claramente, que hubo una persecución sesgada en su contra y fundada en antecedentes espúrios, ejecutadas con el único afán de sacarlo del cargo de ministro, ya que mi representado jamás aceptó las presiones que el Ministerio Público efectuaba, especialmente en causas de relevancia judicial, como el bullado caso Caval, donde se buscaba por medio de influencia ilegítima perjudicar al imputado Sebastián Dávalos Bachelet, quien en definitiva fue sobreseído por la Excelentísima Corte Suprema por cinco votos a favor y cero en contra".
El documento, además, señala que a Elgueta se le imputaron acciones ocurridas hace 10 años, por lo que debería aplicarse la prescripción. Además, que "las acusaciones que se formulan, en mi humilde opinión, no logran establecer de forma fehaciente el haber vulnerado el cumplimiento de sus funciones judiciales".
El recurso de reposición también asegura que "entendemos que se ha fallado conforme al deseo de una parte de la ciudadanía, amplificada por la prensa, pero la remoción como sanción es gravísima para un funcionario que tiene 42 años de servicio, y que nunca se ha beneficiado de modo alguno en el servicio judicial, ni como subalterno, ni menos en un escalafón superior".
Al finalizar, el texto señala que "ante estos nuevos hechos", se dé por interpuesto el recurso de reposición ante la decisión que decidió la expulsión, pide que se deje sin efecto la remoción y que se le cambie el castigo por cualquier otro, de menos intensidad.
El removido juez Vásquez, en tanto, también recurrió ayer ante la Corte Suprema para intentar revertir la destitución.