El fiscal nacional, Jorge Abbott, y el secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile (Cech), Fernando Ramos, firmaron el 30 de abril un acuerdo de cooperación para mejorar el proceso penal respecto de las investigaciones por denuncias de abusos sexuales que está llevando el Ministerio Público contra miembros de la Iglesia Católica.
Según el documento, al que accedió La Tercera, "el principal objetivo de esta medida es permitir el acceso a justicia y el ejercicio de los derechos de todas las víctimas de delito, junto con ejercer de mejor forma la persecución penal, al buscar determinar la comisión de hechos posteriores que sí sean de competencia del actual sistema de justicia penal, o que hayan provocado el efecto de interrumpir la prescripción de la acción penal, según lo dispuesto en el Artículo 96 del Código Penal".
Señala que en aquellos casos en que se considere necesario solicitar información a las autoridades respectivas de la misma Iglesia, sobre investigaciones canónicas, denuncias previas u otros antecedentes, "se recomienda que el requerimiento sea lo más preciso posible, para que la institución entregue la mayor cantidad de antecedentes que tenga en su poder". Agrega que "en caso de que el denunciante no desee acudir a la justicia ordinaria, se respetará su decisión. Sin embargo, si los hechos fueron cometidos contra niños, niñas o adolescentes, o personas en situación de discapacidad que no pudieren libremente hacer por sí mismas la denuncia, la Cech informará al Ministerio Público datos básicos de la denuncia, resguardando la individualización del denunciante".
