Cuatro personas fueron detenidas y se decomisó más de 11 kilos de droga avaluada en $ 61 millones durante un operativo realizado por personal de la PDI en la población La Pincoya, comuna de Huechuraba.

Esto, luego que desde tribunales emitieran una orden de entrada y registro a cinco inmuebles de la población, los que fueron realizados por detectives del Plan Comunal Antidrogas Microtráfico Cero (MT0) y de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Conchalí.

Según se informó, la investigación tiene como origen un formulario de Denuncia Seguro, con los que la comunidad puede entregar información anónima de ilícitos a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Así, se logró establecer una serie de domicilios utilizados para la comercialización de drogas y otros dos empleados para el acopio de esta.

El subprefecto Manuel Muñoz, jefe de la Bicrim Conchalí, señaló que “después de tres meses de investigación se logró establecer que había un grupo de personas que operaba desde distintos domicilios realizando ventas de drogas, lo que implica una infracción a la Ley 20.000″.

En el operativo, se detuvo a cuatro personas -tres hombres y una mujer- de nacionalidad chilena, sin antecedentes. Además, se incautaron más de 9 kilos de cannabis sativa, dos plantas de cannabis, 2 kilos de cocaína base y 435 gramos de clorhidrato de cocaína, con un valor total de más de $ 61 millones.

Asimismo, fueron decomisados un revólver con munición, tres chalecos antibalas, un casco de protección balística, seis teléfonos, un automóvil que se usaba para distribuir la droga, fuegos artificiales, elementos de dosificación y cámaras de vigilancia.

Por su parte, la fiscal (s) Alina Escudero, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que los cuatro imputados fueron formalizados por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y municiones y porte de fuegos artificiales. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para tres imputados y el tribunal resolvió imponer dicha medida cautelar respecto de dos de ellos.

Durante la misma audiencia, el ente persecutor apeló verbalmente de la resolución por el tercer imputado, situación que finalmente resolverá la Corte de Apelaciones de Santiago. Por último, se fijó un plazo de 120 días para desarrollar la investigación.