Detenido en el Batallón de la Policía Militar en Peñalolén quedó el exjefe de la Sección de Pasajes y Fletes del Ejército, coronel (R) Fredis Jara Jara, en el marco de la investigación por presuntos fraude al Fisco que encabeza la ministra en visita Romy Rutherford. La jueza indaga el supuesto uso irregular de excedentes por parte de funcionarios del Ejército en la compra de pasajes al extranjero.

Ahora, la magistrada tiene un plazo de cinco días para decidir si dicta o no procesamiento contra el exuniformado.

El antecedente de esta acción de la jueza tiene fecha 15 de octubre, cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó procesar al excoronel Jara junto a Juan Cornejo de la Fuente -ambos exjefes de la Sección de Pasajes y Fletes del Comando del Personal del Ejército-, "en calidad de autores de los delitos reiterados de fraude al Fisco, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera caber a otras personas por los mismos u otros delitos", señala el escrito presentado por el CDE.

La petición del consejo se basa en las pruebas del auto de procesamiento, como el sumario instruido en el Ejército el 9 de marzo de 2018, por los presuntos contratos irregulares entre el Ejército y empresas de turismo.

Según los antecedentes del caso, el modus operandi consistiría en que los oficiales compraban pasajes con cargo al Ejército. Luego, y utilizando agencias de viaje, cambiarían los destinos originales para acudir a otros, con fines de vacaciones. Incluso, utilizarían esta maniobra para incluir a familiares en estos viajes.

La declaración de Jara

El coronel (R) Fredis Jara prestó declaración como inculpado ante la ministra Rutherford, ante quien acusó "ribetes de ilegalidad" en el actuar del exjefe del Estado Mayor, general (R) John Griffiths, quien renunció a su cargo a mediados de octubre, tras ser procesado en este caso.

Jara agregó ante la ministra en visita que efectivamente no contaba con "la supuesta autorización para utilizar los dineros fiscales para un destino diferente".

El ahora inculpado calificó como una "sinverguenzura" el uso de los dineros fiscales para fines personales, añadiendo que "no es necesario ser abogado para saber que pagar la estadía, el arriendo de algún automóvil, la alimentación y, además, los pasajes de quien no está autorizado por reglamento, todo ello con dinero del Ejército, es ilegal".

Hasta ahora no se ha cuantificado a cuanto asciende el presunto fraude, aunque en el caso del procesamiento al exgeneral Griffiths, se estableció que el mal uso de recursos públicos superaría los $ 44 millones.