Las últimas semanas han sido duras para el sector salud. Si por un lado los funcionarios de los centros asistenciales han presionado por más protección para hacer frente a los diversos episodios de violencia que viven diariamente, por otro lado la crisis financiera por la que atraviesa la red ha llevado al Ministerio de Salud a emitir un instructivo a los servicios de Salud para priorizar gastos, siendo el Hospital Carlos Van Buren el símbolo de la crisis económica del sector, con pabellones paralizados por falta de recursos.
En ese contexto, un elemento que ha preocupado a parlamentarios, autoridades sanitarias y proveedores de insumos es la deuda hospitalaria, que según dicen desde los propios recintos, no ha hecho más que crecer, pero cuya cifra hasta hoy se desconocía.
De acuerdo al informe que envió la Subsecretaría de Redes Asistenciales al Congreso -al que tuvo acceso La Tercera-, para el término del primer semestre de este año la deuda de la red hospitalaria completa asciende a 112 mil millones de pesos. El tema es que esa cifra implica un incremento significativo, pues es un 147% más que el mismo periodo del año pasado, cuando el monto se cifraba en 76 mil millones.
Respecto de los motivos de la deuda, el mismo documento explica que estos se vinculan principalmente a los flujos financieros y contables de cada institución y detalla que “la explicación más invocada es que el pago por las prestaciones a los hospitales está por debajo del costo real de las mismas, lo que explica el hecho que, al aumentar las prestaciones para disminuir las listas de espera, la deuda aumenta. Además, una proporción en la disminución de las listas de espera es a través de la compra de servicios a privados, lo que es inevitable para satisfacer las necesidades de la población, pero que también es muy oneroso”.
Hay algunos casos de hospitales con cifras decidoras, como el Sótero del Río y sus 14.931 millones de deuda; el San Borja Arriarán (recientemente en la polémica por filtraciones de aguas servidas), con 12.504 millones de deuda; o el San Juan de Dios, con 8.485 millones de deuda.
El problema es complejo porque, además, las deudas derivan muchas veces en que los hospitales tienen que terminar realizando compras directas al no poder licitar, mecanismo que resulta más caro.
Consultados por La Tercera, desde el Minsal han señalado que lo que se reporta en la glosa en cuestión corresponden a la facturas que están pendientes de pago, dentro de los marcos presupuestarios aprobados.
“Si bien los rangos de deuda están dentro de un ratio financiero manejable, el alto nivel de ejecución presupuestario implica un ajuste en las transferencias, lo cual debería normalizarse en la medida que se aprueben los decretos de suplemento y/o reasignaciones presupuestarias al cierre de año”, agregan desde la cartera dirigida por la ministra Ximena Aguilera.
Con todo, diversos expertos miran con preocupación estas cifras y el significativo aumento que tuvieron de un año a otro.
Por ejemplo, el exsubsecretario de Redes asistenciales, Fernando Araos, afirma que este informe evidencia una realidad delicada: “Es una situación sumamente preocupante que amenaza con comprometer el funcionamiento normal de los hospitales. Esto pone de relieve la necesidad no solo de una gestión más eficiente de los recursos disponibles, sino también de una inyección suplementaria de fondos por parte de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda”.
En ese sentido, Aguilera ya anunció la extensión presupuestaria de 110 mil millones de pesos para superar la crisis hospitalaria, sin embargo parlamentarios y dirigentes gremiales ya alertaron que este monto sería insuficiente para terminar el año. En ese contexto, la Comisión de Salud del Senado citó para este lunes a la directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez.
El investigador de Pensar en Público y exjefe de gabinete de la subsecretaria de Redes Asistenciales, Nicolás Duhalde, coincide que “lamentablemente la situación de la deuda hospitalaria se arrastra hace tiempo, impidiendo a algunos recintos atender a pacientes con las condiciones necesarias, donde los funcionarios sufren las consecuencias de la mala gestión. Sin embargo, detener pabellones, como ocurrió en el Hospital Van Buren, resulta insólito considerando la enorme lista de espera que tienen los recintos de salud en nuestro país”.
Por otra parte, la Asociación de Proveedores de la Salud (APIS) también ha salido al paso y afirmaron que el Estado y los municipios son los peores pagadores, solicitando al Congreso avanzar en la tramitación del proyecto de ‘Pago a 30 días’, que regula el no cumplimiento de plazos de pagos.
Igualmente, frente a este escenario, desde el Minsal aseguran que “estas gestiones son de responsabilidad de cada servicio y establecimiento. Sin embargo, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales se están monitoreando diariamente los niveles de ejecución, sus desviaciones y las medidas aplicadas por cada servicio”.
