Deuda Histórica: Corte Interamericana de DD.HH. falla a favor de 846 profesores y declara responsable internacionalmente al Estado por violaciones a diversos derechos de docentes

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 846 docentes de las comunas de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, en el marco de la presentación hecha por maestros afectados por la denominada “Deuda histórica” con los profesores.

Esto tras siete meses desde los alegatos finales en mayo pasado, en el marco de un proceso que lleva casi 16 años en el sistema internacional de justicia.

Solo 660 de los 846 profesores que recurrieron al tribunal internacional siguen con vida. El resto falleció esperando que Chile cumpliera fallos judiciales que ordenaban los pagos adeudados.

La corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de los docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores.

En razón de estas violaciones, el tribunal internacional ordenó diversas medidas de reparación al Estado de Chile, entre ellas, que deberá pagar directamente a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de un año de notificada la sentencia.

El caso se origina en la década de los ochenta, tras el traspaso de las escuelas y liceos públicos a los municipios. Por medio del artículo 40 del Decreto Ley 3.551 se creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación a contar del 1 de enero de 1981. No obstante, los profesores y profesoras que fueron transferidos del Estado central a las municipalidades no recibieron esta asignación, dando así origen a la deuda. Según el Colegio de Profesores, más de 13 mil maestros fallecieron esperando una reparación.

Los docentes fueron representados por los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava quienes patrocinaron la demanda contra el Estado de Chile por el incumplimiento de 13 fallos judiciales ejecutoriados entre 1993 y 1997 que ordenaban el pago. Alexandra Orrego fue quien estuvo a cargo de reunir a los docentes que decidieron demandar. La cifra de asignaciones impagas alcanza los $72 mil millones.

“Durante estos casi 30 años han muerto el 20% de ellos. Son adultos mayores, golpeados por pensiones miserables y, hoy día, por la pandemia. Son ciertamente un grupo vulnerable”, explicó el abogado Ciro Colombara. 324 profesores tienen entre 70 y 79 años de edad y 146 tienen más de 80 años.

El profesional afirmó que “hubo mala fe del Estado, nunca hubo voluntad real de avanzar en un acuerdo. Incluso, en la etapa final el Estado pidió prórroga para hacer un planteamiento a los docentes, lo que nunca hizo. Y cada día y mes fallecían peticionarios”.

Por su parte, el abogado Giampiero Fava indicó que “el incumplimiento de las sentencias es un hecho grave en un Estado de Derecho. Y en este caso se debe exclusivamente a la falta voluntad del Estado de Chile para proveer los recursos necesarios a fin de remediar esta injusticia”.

A su vez, Orrego aseveró que “es una violación flagrante del debido proceso por plazo razonable, propiedad de las víctimas y la protección judicial esta. Los profesores y profesoras han sido hasta ahora espectadores de los hechos porque por mucho tiempo vieron como el poder dictatorial alteró dramáticamente la forma de administración de la educación y ahora ven como el Estado democrático deja de restituir los montos que le fueron sustraído hace más de 40 años”.

“Hoy, por fin, podemos decir que hay un avance, pero no una victoria, pues lamentablemente tuvimos que recurrir a tribunales internacionales para que Chile cumpla con su deber”, concluyó.

Entre las medidas de reparación ordenadas se establece además que el Estado deberá publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y un diario de amplia circulación nacional, publicar la sentencia en su integridad en un sitio web oficial del Estado y realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso.

Asimismo, como garantías de no repetición, deberá crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a los operadores judiciales sobre el acceso a la justicia de las personas mayores.